El inicio de las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027, este 17 de marzo de 2026, encuentra a la Universidad de Costa Rica (UCR) en un escenario complejo, marcado por disputas abiertas sobre la distribución interna de los recursos, presiones del Poder Ejecutivo para reorientar el gasto y cuestionamientos a lo interno de la institución.
La primera sesión de la Comisión de Enlace —espacio donde se negocia el FEES— arrancó con una revisión de acuerdos previos, seguimiento a compromisos del presupuesto 2026 y la presentación de la situación macroeconómica del país, en un proceso que ambas partes prevén extender en las próximas semanas. “La redistribución es un tema que tenemos que resolver a lo interno de Conare”, Jorge Herrera, presidente del Conare.
Desde el Gobierno se reiteraron los ejes que han marcado la discusión durante la administración Chaves Robles. “No es algo diferente a lo que veníamos planteando desde el año 2022”, indicó el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, durante la conferencia de prensa, en referencia a la exigencia por parte del Ejecutivo de una mejor distribución de los recursos entre universidades, más becas para estudiantes en condición de pobreza, reducción de tiempos de graduación y mayor inversión en regiones fuera del Gran Área Metropolitana.
A la par, las universidades defendieron el carácter estratégico del fondo. Desde la presidencia del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Jorge Herrera, insistió en que “el FEES no puede ser visto como un gasto, sino que es una inversión social”, al tiempo que se subrayó la disposición a rendir cuentas sobre el uso de los recursos.
Sin embargo, más allá de la negociación global con el Ejecutivo, uno de los principales puntos de tensión se mantiene dentro del propio sistema universitario: la redistribución del FEES entre las cinco universidades públicas.
El tema arrastra conflictos desde 2025, cuando por primera vez la UCR pasó a recibir menos de la mitad del fondo, con un 49,9% previo a la repartición del superávit de Conare. La institución votó en contra de un acuerdo inicial, lo que obligó a una nueva negociación que derivó en la distribución vigente que, sin embargo, restaura esa negociación inicial como base para el 2027.
Concretamente, la base definida para el inicio de negociaciones 2027 a lo interno de Conare establece que el incremento por inflación se distribuye de la siguiente manera: UCR (27,47%), Tecnológico de Costa Rica (20,00%), Universidad Nacional (18,64%), Universidad Estatal a Distancia (20,00%) y Universidad Técnica Nacional (13,89%).
En el pasado las tensiones a lo interno del Conare han llegado al punto de involucrar directamente a los órganos de gobierno universitario. El Consejo Universitario (CU) de la UCR incluso se apersonó en las instalaciones de Conare para solicitar la revisión del monto asignado a la institución el pasado mes de setiembre.
Desde ese espacio, el actual director del CU, Keilor Rojas, ha advertido sobre el estrechamiento financiero de la universidad y recientemente ha señalado que “la cobija ya no da más”, en referencia a las limitaciones presupuestarias que enfrenta la institución.
Es la misma tesis que se sostiene a lo interno del Consejo Universitario, también señalan una nula respuesta desde las otras casas de enseñanzas acerca de estos criterios para la distribución de los fondos. La exdirectora del CU, Patricia Fumero, indicó durante las negociaciones anteriores, que desde mayo de 2025 se solicitó a Conare y a la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES) estudios que justificaran los cambios en la asignación, así como evaluaciones del desempeño del sistema en la última década, sin obtener respuesta.
Desde el Conare, por su parte, se reconoce que este es un tema pendiente. Durante la primera sesión del FEES 2027, Herrera afirmó que “la redistribución es un tema que tenemos que resolver a lo interno de Conare” y que ya existe una hoja de ruta para avanzar en una propuesta entre las universidades.
En ese contexto, el Gobierno también ha introducido nuevas exigencias vinculadas a transparencia y gestión. Entre ellas, la solicitud de que las universidades publiquen sus proyectos en el banco de proyectos de Mideplán y compartan información sobre salarios, como parte de los esfuerzos por “buscar un uso eficiente de los recursos”.
El Ejecutivo ha insistido además en priorizar becas y atender a poblaciones vulnerables. “Nuestro objetivo ha sido siempre que se le dé prioridad a destinar un porcentaje de estos recursos a becas con enfoque en estudiantes que están en una condición de pobreza”, señaló Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, durante la conferencia posterior a la reunión.
Frente a estos cuestionamientos, el rector de la UCR, Carlos Araya, ha defendido el papel de la institución dentro del sistema público, particularmente en la formación en áreas estratégicas. Ha señalado que el 48% de quienes ingresan a carreras STEM lo hacen en la UCR y ha destacado que es la única universidad pública “completa”, que abarca todas las áreas del conocimiento humano, desde carreras artísticas hasta salud y derecho.
El contexto de la negociación se complica dado que el detonante de su adelantamiento ha sido la crisis en torno a la figura del rector Araya y el uso de fondos universitarios y que dejan a la universidad en una situación compleja a la hora de exigir más recursos.
Las partes acordaron continuar el diálogo el próximo 7 de abril en el Conare, donde se espera que tanto el Gobierno como las universidades presenten sus propuestas formales para el FEES 2027.
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