En sesión del pasado 7 de abril el Consejo Universitario (CU) de la UCR acordó respaldar un proyecto de ley que busca garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a las playas del país.
Se trata del expediente legislativo 24.413, impulsado por Ariel Robles y que en su presentación contó con las firmas de toda la fracción del Frente Amplio y del oficialista Manuel Morales.
La propuesta busca reformar el artículo 23 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (No. 6043), para establecer requisitos para garantizar el acceso de las personas a la zona pública de las playas.
Tal como se explica en la justificación del proyecto presentado, la zona marítimo terrestre (ZMT) abarca 200 metros y se compone de dos sectores. Por un lado la zona pública, la franja de 50 metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, y por otro los restantes 150 metros de la denominada “zona restringida”, en la que se permite “cierta posesión por los particulares mediante concesiones”.
La idea de establecer los requisitos de acceso obedece a “la ausencia de una normativa que especifique las condiciones mínimas que deben cumplir estos accesos”.
De manera un tanto escueta, el mencionado artículo 23 que el Estado o las municipalidades deben construir vías para garantizar ese acceso a la zona pública. “Sin embargo, este artículo no proporciona criterios técnicos claros, lo que resulta en la creación de accesos impracticables o riesgosos para personas mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad”.
Así, el proyecto de ley en primer lugar establece que cada playa “deberá contar con al menos tres accesos a la zona pública”, con excepciones que tengan que ver con la extensión de la playa. También apunta que los accesos deben estar claramente identificados como vías públicas y que deberán ser calles con un derecho de vía de 14 metros, además de cumplir con la Ley 7600 y dar acceso tanto a vehículos como peatones hasta la zona pública.
Tras “un proceso de análisis institucional y consulta a diversas instancias académicas”, el CU acordó recomendar la aprobación del proyecto, “subrayando la importancia de incorporar observaciones técnicas y sociales que fortalezcan su alcance”, de acuerdo con un comunicado.
Se consideró que la iniciativa legislativa “responde a problemáticas concretas en el país”, pues “el acceso público no solo se encuentra restringido o potencialmente limitado, sino que además se han iniciado ciertas prácticas espaciales que favorecen distintos grados y modalidades de privatización del espacio público”.
Distintas unidades académicas señalaron que el proyecto constituye “una iniciativa pertinente y de alta relevancia para la realidad que enfrentan numerosas playas del territorio nacional”, en especial “ante procesos de turistificación, gentrificación y presiones del mercado inmobiliario en las zonas costeras”.
Sin embargo, la UCR advirtió que la propuesta “debe ser fortalecida en aspectos clave”, como la incorporación de evaluaciones de impacto ambiental para evitar afectaciones a ecosistemas costeros, “así como mecanismos efectivos de cumplimiento”.
Por ello se recomendó incluir sanciones ante prácticas como la obstrucción de accesos y la señalización engañosa, además de garantizar el mantenimiento adecuado de la infraestructura por parte de los gobiernos locales.
El Consejo Universitario de manera específica se refirió a la propuesta de garantizar que cada playa disponga de un mínimo de tres accesos públicos y la consideró como un “avance significativo en materia de accesibilidad y en la promoción del uso universal de un bien público”. Empero, reconoció la necesidad de justificar técnicamente este criterio.
Finalmente, la UCR reiteró su disposición a colaborar con el proceso legislativo: “La Universidad de Costa Rica queda en la mejor disposición de colaborar con el criterio de personas expertas para aportar en este proyecto de ley”.
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