Ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa representantes del Foro de la Justicia plantearon una situación crítica que atraviesa el Poder Judicial, al exponer ante esas diputaciones su propuesta de proyecto de ley para mejorar el procedimiento de elección de magistraturas a la Corte Suprema de Justicia.
El Foro de Justicia es una instancia integrada por Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), la Asociación Americana de Juristas, rama Costa Rica, la Asociación Costa Rica Íntegra (CRI), la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad La Salle, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), por el Programa Estado de la Nación (PEN) y por personas expertas independientes.
Ante la Comisión se presentaron Wálter Antillón, de la Asociación Americana de Juristas; Evelyn Villarreal Fernández, del PEN y Juan José Vargas, del Cejil y además secretario técnico del Foro.
Si bien reconocieron que se trata de un tema que requiere profundos cambios constitucionales, explicaron que su iniciativa presentada a través del Departamento de Participación Ciudadana se centra en reformas al Reglamento legislativo, como un primer paso para consolidar “buenas prácticas” que ya se han utilizado y que se consolide al menos al principio de cada cuatrienio la metodología con que esa Comisión lleva a cabo su trabajo, en lugar de definirla para cada proceso.
Antillón apuntó al respecto que “hemos observado que desde la Comisión de Nombramientos se pueden hacer cosas importantes; por ejemplo, el voto público introdujo una mejora en la calidad, hubo en mi criterio una diferencia importante con relación a votaciones anteriores”.
Vargas explicó que el proyecto plantea reformas a dos artículos del Reglamento legislativo. En primer lugar el 85, respecto a la metodología, donde se plantea la ya mencionada propuesta de que sea establecida al inicio del cuatrienio y se mantenga para todos los nombramientos que se deba atender.
Para ello entre otras cosas se establece principios que ya incluso se han planteado en el seno de la Comisión, como paridad de género o representatividad de poblaciones vulnerables. También mayores “espacios de participación ciudadana más amplios de los que se han dado” y “durante más tiempo en el proceso.
Por otro lado, también se plantea reformar el artículo 227, que tiene que ver con el procedimiento en el plenario legislativo para estas designaciones. “Lo primero que estamos planteando la motivación de los actos de las votaciones, todo nombramiento o toda reelección debe ir motivada por ustedes diputadas y diputados en en el pleno de este congreso”
Además se abordó la cuestionada práctica de que en plenario salte algún nombre de alguna personas que no pasó por el filtro de la Comisión de Nombramientos. “Sabemos que la Constitución Política permite que diputados y diputadas designen, a pesar de que no hayan pasado por esta Comisión, pero creemos que se debe retrotraer el acto” de manera que entonces, en lugar de que se vorte en plenario de una vez, el proceso regrese a la Comisión de Nombramientos y esa persona enfrente el mismo procedimiento que debieron enfrentar las demás.
Posteriormente, Villarreal Fernández, del PEN, apuntó que la reforma propuesta “la consideramos como una salvaguarda de las buenas prácticas que ustedes han implementado”, con la idea de que “esas buenas prácticas no se acaben con una moción en la próxima metodología que la próxima Comisión vaya a aprobar”. “Esto no es la panacea, no soluciona el problema del sistema de nombramientos”, sino que es “algo que podemos ir haciendo, mientras tanto alcanzamos un un objetivo más grande que puede ser la reforma constitucional y la mejora en los requisitos”, añadió.
La diputada oficialista Pilar Cisneros no criticó la propuesta, pero indicó que “pensaba que ustedes iban a proponer algo mucho más profundo” y preguntó por temas que ya caerían en el ámbito de reformas constitucionales, como si otros actores como las universidades o el Colegio de Abogados y Abogadas deberían estar facultados para proponer nombres, no sólo la propia Corte.
También mencionó el tema de la reelección indefinida de las magistraturas. Al respecto mencionó el caso del magistrado Luis Porfirio Sánchez, presidente de la Sala II. “¿Cómo es posible que hayamos reelegido a un magistrado que tiene una mora judicial de 800 y pico de expedientes?”.
También se tocó el tema de la entrevista que realiza la Comisión a las personas aspirantes. Al respecto la posición de Cisneros es similar a la que ha expresado pro ejemplo Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), en el sentido de defender que tenga un alto peso dentro de la nota final. Vargas no debatió el tema de cuánto porcentaje debe representar, más bien subrayó que que debe haber reglas claras para que sea “estructurada”, es decir, “no puede ser una entrevista que sea la libre, que le pregunten lo que quieran al magistrado o magistrada”.
El abogado Antillón reiteró que no se ha planteado reformas constitucionales, sino “las cosas que se pueden hacer dentro del sistema actual”, que reconoció “es poco”. “Naturalmente que en Costa Rica lo que hay que hacer es una enorme reforma constitucional. Eso es clarísimo. Tenemos un sistema judicial que toca fondo, que ha producido verdaderos horrores en la historia jurídica del país y es el resultado de una falla persistente que nunca ha sido corregida”, explicó.
Antillón añadió que nuestro sistema “es malo y es viejo y nunca hemos hecho el esfuerzo por hacer una gran renovación. Esas renovaciones se han hecho en el mundo. En Europa, por ejemplo, después del fascismo hubo una gran renovación de la justicia”.
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