El presidente legislativo Rodrigo Arias logró el respaldo del Plenario a una resolución para definir el trámite de dos vetos del presidente Rodrigo Arias, con lo que se impuso a la resistencia de la bancada oficialista, que intentó evitar su avance.
Arias presentó una resolución para ordenar el tramite de los vetos totales del presidente Chaves a los proyectos 23.192, la reglamentación de leyes por el Poder Ejecutivo, y el 22.817, reforma a la ley orgánica del Poder Judicial, para permitir la pensión anticipada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La propuesta de Arias consistió en que los diputados se pronunciaran sobre las objeciones del Poder Ejecutivo por razones de constitucionalidad antes de remitir los dos expedientes a la Sala IV, para que resolviera el conflicto entre los dos poderes, y posteriormente lo retornara a la Asamblea Legislativa, para que continuara el trámite por las otras objeciones de Presidencia, relacionadas con aspectos de oportunidad y conveniencia. Solo en este caso, si se logran 38 votos, se impondría un resello de los vetos.
Esto generó una apelación de la bancada oficialista, defendida por la diputada Paola Nájera, quien aseguró que la resolución intentaba fragmentar el trámite de vetos presidenciales, que no podrían separarse.
Nájera aseguró que la resolución no mostraba un carácter definitivo, no definía aspectos de la votación como tiempos para la discusión y la lesión del principio de integralidad de los vetos totales. También afirmó que se pretendía rechazar las razones de conveniencia, para remitir a la Sala Constitucional únicamente las de constitucionalidad.
Esto fue rebatido por Arias, quien indicó que la Constitución es la que establece que los vetos pueden presentar razones de constitucionalidad y de conveniencia, y que en el caso de constitucionalidad, si la Asamblea Legislativa no aceptaba la posición del Ejecutivo, debía remitirlo a la Sala IV para que definiera. “La Asamblea no se manifiesta con una nota mía, sino mediante una votación” alegó Arias, quien insistió que los temas de conveniencia quedarían en suspenso, y solo en caso de que la Sala IV rechazara los argumentos del Ejecutivo, se retomaría este trámite en el Plenario.
En esta batalla técnica, el Plenario respaldó ampliamente la postura de Arias, al rechazar la apelación del oficialismo por 35 votos en contra y solo 9 a favor: únicamente el diputado Leslye Bojorges se sumó al chavismo, mientras todas las otras bancadas avalaron la resolución.
Esto dio lugar al debate de los informes, con un nuevo escollo técnico: inició la discusión del informe del expediente 22.817, que rechazó los argumentos constitucionales por 34 votos contra 10, pero el procedimiento debió anularse por una confusión con el trámite.
Esto requirió que se reiniciara el debate, con el expediente 23.192, sobre la reglamentación de leyes.
Los diputados Daniel Vargas y Pilar Cisneros defendieron la postura de que el proyecto tenía problemas constitucionales. “Es un adefesio, pretende establecer la obligación de que todas las leyes se reglamenten en seis meses. ¿Qué pasa si la ley no requiere reglamento, o si es muy complicada? Reglamentar la ley de Empleo Público llevó un año, y hay quienes consideran que requería más tiempo”, dijo Cisneros.
Empero, la votación fue 33 votos a favor y 7 en contra, con lo que se aprobó el primer informe. “Se tienen por rechazadas las objeciones de constitucionalidad del Ejecutivo. Envíese este expediente a Sala Constitucional”, indicó Arias.
Continuaron con el segundo trámite del expediente 22.817, para el que esta vez intervinieron Ada Acuña, Jorge Rojas y Cisneros, en el que insistieron que el expediente en que se trataba de un privilegio y que no tenía estudios técnicos. “¿Cuál es la diferencia entre funcionarios del OIJ y los policías, o otros funcionarios públicos?”, dijo Acuña.
No obstante, el resultado de la votación fue prácticamente idéntico al primer ejercicio: 34 votos contra 9, por lo que la vicepresidenta Vanessa Castro dio por rechazadas las objeciones constitucionales del Ejecutivo, y ordenó remitir el expediente a la Sala Constitucional.
Nutridas votaciones En la sesión también se aprobó la moción para trasladar el Plenario el 8 de mayo al Estadio Nacional, para recibir el juramento de la presidenta electa Laura Fernández y los vicepresidentes, a las 11 de la mañana.
También se aprobaron las propuestas para suspender las sesiones legislativas el 29 y 30 de abril, con el fin de permitir a la administración de la Asamblea el reordenamiento de las oficinas, conforme a la llegada de los nuevos diputados, así como la sesión extraordinaria del 15 de abril para los nombramientos de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional y de la Sala Tercera de la Corte Suprema.
En la sesión también se votaron seis proyectos en primer debate, empezando por el expediente 24.341, para facilitar la identificación de sujetos que participen en hechos delictivos mediante el ADN. Su impulsor, el diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP) resaltó que pretende condicionar el otorgamiento de beneficios carcelarios a dejar una muestra de ADN. «Sin un gran costo, genera recursos para identificar a las personas que reincidan en delitos», dijo, tras resaltar que requerirá 38 votos en segundo debate.
Empero, la oficialista Pilar Cisneros advirtió que votarán en contra de la iniciativa, «no porque estemos en contra», sino porque no se establece el origen de recursos para las nuevas obligaciones. El proyecto se aprobó en primer debate con 32 votos a favor y 7 en contra, lo que evidencia que está cuesta arriba para el eventual segundo debate, previsto para el 14 de abril.
También recibió el primer debate el proyecto 24.327, creación de un banco de material genético y seguimiento de ofensores de delitos sexuales, presentado por María Marta Carballo y la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que obtuvo mejor ambiente: fue aprobado en forma unánime.
Otros cuatro expedientes que recibieron el primer debate fueron el 22.242, del entonces diputado José MaríaVillalta para regular la prescripción de la contribución de los partidos políticos; el 23.485 de la diputada Daniela Rojas, del PUSC, para el cumplimiento, control y penalización de las quemas en terrenos con aptitud agrícola y pecuaria; el 24.719, del diputado Yonder Salas, de Nueva República, para multar las acrobacias y maniobras negligentes de motocicletas y vehículos automotores en vías públicas, y el 24.353, de Jonathan Acuña, del Frente Amplio, para descongelar las pensiones de reparto, con el fin de romper el vínculo de los ajustes de estas jubilaciones con aumentos salariales, que pueden congelarse por limitaciones de la regla fiscal. Todos estos expedientes estarían programados para recibir el segundo debate el 14 de abril.
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