Representantes de la Unión Europea (UE) y del Banco Europeo de Inversión (BEI) resaltaron la sostenibilidad del proyecto para un tren eléctrico rápido para el Gran Área Metropolitana (GAM), al declarar ante la comisión de Hacendarios que la iniciativa cumple con rigurosos requisitos técnicos, ambientales y de impacto social paran que la UE lo considere sostenible.
Pierre Louis Lempereur, embajador de la UE para Costa Rica y José Otero, responsable de inversiones para América Latina del BEI, acudieron a la comisión para referirse al proyecto 25.291, el crédito por $800 millones para modernizar el tren en el área metropolitana, que fue incluido por la presidenta electa Laura Fernández en la agenda de consenso, siete proyectos de ley que solicitó a los diputados aprobar antes del cambio de período constitucional de la Asamblea Legislativa.
Lempereur recordó que el proyecto incluye cooperación no remembolsable por 26 millones de euros, además del crédito con el BEI por 250 millones de euros (el otro componente del crédito lo financia el Banco Centroamericano de Integración Económica), y resaltó que recibió respaldo de la UE luego de un proceso de revisión y trabajo por alrededor de dos años, lo que permitió considerarlo dentro de las prioridades de la UE y Costa Rica para desarrollo.
Otero por su parte enfatizó que el BEI tiene altos estándares, particularmente en aspectos ambientales y del impacto que tendrán los proyectos, por lo que aunque financia alrededor de 900 proyectos por año, rechazan una gran cantidad. «El proyecto debe ser sostenible, debe ser una prioridad para la UE», expresó ante los diputados.
Otero también indicó que el BEI financió alrededor de 14 mil millones de euros el año pasado en diferentes proyectos de visión sostenible, en los que hay un importante énfasis en el impacto que pueden generar. Afirmó que la iniciativa del tren rápida permitiría un efecto en esa dirección, con un enfoque integrado.
Los diputados consultaron a los representantes europeos sobre posibles riesgos en esta materia, en la cual los funcionarios europeos mencionaron que todo proyecto de este tipo tiene riesgos, en este caso, principalmente en el desarrollo de la infraestructura en zonas de alta densidad. En este punto, diputados como Joaquín Hernández y Luis Fernando Mendoza consultaron sobre si se realizaron previsiones en materia de expropiaciones, uno de los aspectos que más atrasan el desarrollo de proyectos de infraestructura vial en el país. Otero indicó que en el proyecto se tuvo que incorporar requisitos de la UE en materia de reasentamientos, porque los requisitos de la UE eran más severos en esta materia.
Al cierre de la sesión, la diputada Pilar Cisneros informó a los diputados que la comisión recibió el plan de expropiaciones de Incofer para reste proyecto.
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