Tomando en cuenta únicamente los datos de 2022 de cuentas costarricenses que fueron suspendidas de Facebook, la Dirección Jurídica del Poder Judicial estimó en ₡398.681.763 el costo que significaría para el Ministerio Público la eventual promulgación del proyecto de“Ley contra la manipulación de la opinión pública y la voluntad popular (Ley Antitroll)”.
Así lo explicó el magistrado Gerardo Rubén Alfaro, de la Sala de Casación Penal (Sala III), durante la sesión de Corte Plena del pasado 9 de marzo.
El proyecto de ley se tramita bajo el expediente 25.379, es una propuesta del diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP) y pretende “prevenir, regular y sancionar el uso de estructuras digitales coordinadas, destinadas a manipular artificialmente la opinión pública mediante cuentas falsas, automatizadas o pagadas para influir en la conversación digital, afectar el debate político, la confianza institucional, el ejercicio y la estabilidad del régimen democrático”, según su artículo 1.
Alfaro explicó que la propuesta establece diez delitos con sanciones que hasta de doce años de prisión y subrayó que de ellos, nueve “son completamente novedosos, no los encontramos ni los podemos ubicar en ningún tipo penal que ya exista en el Código Penal”.
Al mismo tiempo, observó que “le endilga al Ministerio Público la investigación de todas las conductas” que hasta ahora son de “acción privada”.
Por ello, Alfaro aseveró que la nueva ley “implicaría la necesidad no solamente de inyectar recursos a la investigación y al Ministerio Público y a la judicatura para efectos de la investigación, la persecución y la sanción de estos delitos”.
Pero además recordó que “nuestra policía informática enfrenta serios problemas para poder abordar, por ejemplo, las estafas informáticas que han pasado a 4.000 o 5.000 en el último año y que no tenemos las herramientas suficientes, aunque sí gente muy voluntariosa” para investigarlas.
Así, el Magistrado pasó a citar el Informe respectivo de la Dirección Jurídica, el cual apuntó que cada expediente nuevo tiene un costo para el Poder Judicial de ₡1,8 millones. De ahí pasó al dato de que según la exposición de motivos del proyecto, “solo en el 2022 en Costa Rica, Meta removió 233 cuentas de Facebook, sin contar otras redes sociales”.
De manera que tras acotar que la eventual ley “podrá tener todas las bondades, que es necesaria, porque sabemos cuánta desinformación surge a partir de los denominados troles”, ofreció la aritmética de que “si solamente tuviéramos que investigar del 2022, 233 cuentas que fueron denunciadas porque provenían de troles, eso tendría una incidencia en la operatividad del Poder Judicial solamente para investigar” de la ya apuntada cifra de ₡398.681.763.
A ello sumó que se trata de una actividad “que se ha detectado que va en aumento. No sabemos porque no tenemos el dato de cuánto se removió en el 2023, de cuánto en el 2024 y de cuánto en el 2025, de cara, por ejemplo, a un proceso electoral como el que vivimos este año”.
Por ello concluyó que la propuesta afecta el funcionamiento del poder Judicial “en dos direcciones”. En primer lugar “porque no incluye ninguna norma que dé recursos al Poder Judicial para enfrentar esta investigación, esta persecución y este juzgamiento”.
Además “le asigna una nueva función al Ministerio Público, una función que no está hoy, que es la de investigar un delito contra el honor” que se establece en el inciso j del artículo 4, la prohibición de “afectar la reputación de personas mediante acoso digital masivo”.
Por otra parte, observó sobre el fondo del proyecto que en su artículo 3 sobre el ámbito de aplicación apunta a personas físicas y jurídicas. Sin embargo, en el artículo 5, que versa sobre las sanciones, únicamente se prevé penas de prisión. “Eso tendría necesariamente que ajustarse”, pues “ no es compatible la pena de prisión con las personas jurídicas”. El informe de Alfaro fue declarado en firme por unanimidad.
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