La discusión sobre el futuro del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, el ROP, salió esta mañana del recinto legislativo y se instaló también a las afueras del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pues un grupo de pensionados se manifestó primero frente a la Asamblea Legislativa y luego se desplazó hasta las cercanías, luego de enterarse de que la presidenta electa, Laura Fernández Delgado, recibía ahí sus credenciales oficiales.
La movilización se dio en una jornada clave para el tema, pues la Comisión de Asuntos Sociales tenía previsto definir cuál de los múltiples proyectos de ley en trámite será dictaminado para su discusión posterior en el plenario legislativo.
La protesta comenzó frente al Congreso, donde el grupo buscaba presionar a las diputaciones que integran la comisión legislativa encargada de conocer varias iniciativas sobre la devolución anticipada, acelerada o total de los fondos del ROP. El reclamo se produce en un escenario fragmentado: actualmente hay cuatro expedientes sobre la mesa, impulsados por distintas fracciones y con fórmulas diferentes para modificar la entrega de esos recursos. Tras el fracaso de una mesa de trabajo que intentó unificar criterios, la Comisión de Asuntos Sociales optó por someter a votación los cuatro textos y dejar que sea el plenario el que termine inclinando la balanza política sobre el tema.
Según explicó la diputada Rosaura Méndez, en declaraciones dadas a Teletica, el intento de construir una propuesta de consenso no prosperó debido a las diferencias entre los legisladores que defienden cada una de las iniciativas. En medio de esa discusión, los manifestantes resolvieron movilizarse hasta el TSE, donde Fernández recibió las credenciales que la acreditan formalmente como presidenta electa para el período 2026-2030. El acto de entrega de credenciales se realizó en la sede del tribunal y forma parte de los hitos finales del proceso electoral, luego de que el propio TSE la declarara oficialmente electa a inicios de marzo.
Walter Quesada, uno de los líderes del movimiento, relató que la intención del grupo era aprovechar la presencia de la próxima mandataria para hacerle llegar de forma directa sus demandas y pedirle una posición clara sobre los proyectos que se discuten en la Asamblea. Sin embargo, aseguró que Fernández salió por un punto alterno y no tuvo contacto con quienes la esperaban en las afueras del tribunal.
De acuerdo con Quesada, esa situación dejó un profundo malestar entre quienes participaron en la protesta. A su juicio, la ausencia de un acercamiento fue leída como una señal de indiferencia frente a una discusión que, insistió, afecta de manera inmediata a miles de personas jubiladas y a trabajadores cercanos al retiro. El dirigente afirmó que varios de los presentes se sintieron burlados y decepcionados por la falta de respuestas de la presidenta electa.
Manifestantes con los que UNIVERSIDAD pudo conversar insistieron en una misma idea: exigen una devolución efectiva del dinero que consideran suyo. Entre las personas congregadas predominó el argumento de que los fondos acumulados en el ROP pertenecen a los trabajadores y, por tanto, deberían poder ser retirados sin mayores restricciones una vez llegada la jubilación. La protesta, más que un acto aislado, reflejó el nivel de frustración de un sector que percibe lentitud institucional y falta de voluntad política para resolver un reclamo que arrastra ya varios años. «Vine por la devolución de un dinero que nosotros hemos estado aportando por casi 25 años, es un dinero que nos corresponde. Sabemos que es un complemento de la pensión, pero ese dinero es de todos los trabajadores que aportamos en el país. Estamos acá representando a muchos que no pueden venir. Vinimos porque la presidenta electa había prometido apoyarnos», comentó Max Rojas, jubilado.
Ese sentimiento conecta con el núcleo del debate legislativo. Los expedientes en trámite no plantean exactamente la misma ruta. Algunos promueven la devolución total del ahorro acumulado; otros proponen un retiro escalonado en tractos mensuales hasta agotar el saldo; y uno de los textos más visibles, el expediente 25.003, abre la posibilidad de pagos mensuales o de un retiro acelerado para las personas que se pensionen entre el 1 de enero de 2021 y el 18 de febrero de 2030.
Por ahora, la definición inmediata queda en manos de la Comisión de Asuntos Sociales, que debe decidir cuál de los proyectos será dictaminado para pasar a la siguiente etapa. Después vendrá el plenario, donde se resolverá si alguna de esas iniciativas logra abrirse camino entre reparos técnicos, cálculos políticos y la presión de quienes hoy volvieron a recordar, en la calle, que el debate sobre el ROP está lejos de cerrarse.
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