La presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Kennly Garza Sánchez, defendió este martes la forma en que la institución clasificó la investigación sobre la hija del excandidato presidencial Álvaro Ramos, señalando que la decisión respondió a criterios técnicos vinculados a la exposición pública de la menor de edad y los riesgos asociados a su difusión en redes sociales.
La explicación se dio ante la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, como parte del expediente 25010 que investiga la capacidad del patronato para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia.
El tema fue retomado por diputados durante la audiencia, luego de que la semana anterior se cuestionara que el caso hubiera sido calificado como prioridad 1, categoría reservada para situaciones de riesgo inminente, mientras existían otros expedientes con alta urgencia.
En respuesta, Garza indicó que la clasificación de una denuncia puede modificarse conforme avanza su análisis y según las características del caso. “Exactamente, que se trató de una situación con una audiencia a nivel nacional, la pérdida de control sobre la imagen de la niña, el riesgo sobre la privacidad y la intimidad, un tema de autonomía, también un tema de la autodeterminación, la pérdida de control sobre la huella digital, riesgo de exposición de la imagen de la niña a redes de trata, a pedófilos. No teníamos por qué inferir que había un consentimiento”, afirmó.
Según explicó, el PANI puede actuar “de oficio” en casos que adquieren alta visibilidad y donde exista una posible vulneración de derechos, lo que incluye la posibilidad de reclasificar la prioridad asignada inicialmente.
La jerarca también aseguró que el caso no fue atendido dentro del plazo de 24 horas correspondiente a una prioridad 1, y sostuvo que su clasificación original no fue necesariamente esa categoría. “Una prioridad 1 se atiende en 24 horas, esta denuncia no se atendió en 24 horas”, dijo.
Durante la sesión, diputados como Geison Valverde, de Liberación Nacional, cuestionaron si el caso recibió un tratamiento distinto frente a otros expedientes que también requerían atención urgente. Valverde incluso indicó que la gestión de la denuncia e investigación del caso contra Álvaro Ramos lo consideró una persecución.
El señalamiento se da en el contexto de las dudas planteadas la semana anterior sobre la existencia de más de 300 denuncias de prioridad 1 que, según datos expuestos en la comisión, se encontraban aún en proceso de atención al inicio de este año.
Garza reiteró que todas las denuncias que ingresan al sistema son clasificadas y reciben actuaciones iniciales, y que el patronato no actúa bajo criterios políticos, sino técnicos. “Todas las denuncias son recibidas en tiempo, son clasificadas y hay actuaciones y decisiones que se toman”, señaló, y agregó que el PANI no se encarga de juzgar, sino de hacer las investigaciones y tomar las decisiones que les parezcan pertinentes.
La discusión sobre este caso se enmarca dentro de un debate más amplio sobre los criterios de priorización, los tiempos de respuesta y la capacidad institucional del PANI para atender el volumen de denuncias que recibe.
La comisión mantiene abierta la investigación, de expediente 25010, mientras los diputados han solicitado mayor claridad sobre los protocolos de clasificación y seguimiento de denuncias dentro de la institución.
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