La noche del lunes 23 de marzo se difundió desde los canales oficiales de la Presidencia de la República la noticia de un nuevo acuerdo migratorio que posibilita la llegada de hasta 25 migrantes de terceros países a quienes Estados Unidos decida deportar de su territorio por semana. Situación que ha generado importantes dudas en sectores defensores de los derechos humanos en el país.
El anuncio se enmarca en una serie de acciones ejecutadas desde la administración Trump para reforzar su injerencia en los países latinoamericanos y sucede menos de una semana después del rompimiento de relaciones diplomáticas de Costa Rica con Cuba, país que aseguró se debía a presiones desde Washington. La contraparte firmante de Chaves es la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien vino a San José designada como representante de la alianza Escudo de las Américas.
Desde la oposición una de las voces que ha destacado en las últimas horas es la de la liberacionista Monserrat Ruiz, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Ruiz indicó a UNIVERSIDAD que «Costa Rica no puede convertirse en un depósito de seres humanos ni en un eslabón pasivo dentro de las dinámicas migratorias que no estamos definiendo. Aquí hay un tema de soberanía, pero sobre todo de responsabilidad con los derechos humanos y con los tratados internacionales que hemos suscrito».
Ruiz también aseguró ya haber «activados mecanismos de control político» dirigiendo oficios con cuestionamientos a las autoridades competentes solicitando «información clave como dónde serán alojadas estas personas, bajo qué categoría migratoria estarían, qué instituciones estarán a cargo, cómo se garantizará su atención integral y qué mecanismos de fiscalización estarán presentes».
Finalmente, Ruiz recordó que «Lo que estamos viendo es la formalización de una práctica que ya ocurrió hace un año cuando Costa Rica recibió cerca de 200 personas migrantes deportadas desde Estados Unidos y fueron trasladadas al CATEM (Centro de Atención Temporal para Migrantes) en la zona sur. Recordemos que ahí venían niños, niñas, jóvenes y hasta una mujer embarazada».
El CATEM también se ha visto en polémicas debido a que anteriormente fue una fábrica de la compañía alemana Faber-Castell que criticó su uso para fines de retención de personas migrantes en situación extrajudicial. «Acordamos y estipulamos en el contrato que el edificio debía transformarse en un centro humanitario de refugiados, y bajo ninguna circunstancia se acordó que se usara como prisión», dijeron representantes de la gran filial de Faber-Castell en Brasil en un comunicado enviado al medio inglés The Guardian.
El acuerdo indica que Estados Unidos podrá enviar a Costa Rica personas sin nacionalidad estadounidense, quienes recibirán «condición legal temporal mientras se define su situación», dice el comunicado sin especificar plazos y sin afirmar los mecanismos que aseguren la no retención sin proceso judicial de personas inocentes.
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Presidencia informó esta noche sobre nuevo convenio con Estados Unidos para aceptar en adelante hasta 25 nuevos deportados cada semana.
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