Este jueves el ministro de Justicia Gerald Campos acudió a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa para referirse al proyecto de Ley de sistema penitenciario nacional (No. 24.912).
Ello en el contexto de que la Asamblea Legislativa acaba de aprobar en primer debate el proyecto de Ley de Ejecución de la Pena (24.019) y ya Campos y Rodrigo Chaves anunciaron su intención de vetarlo.
Explicó que la motivación y objetivo principal del proyecto tiene que ver con que en su criterio las personas juzgadoras de ejecución de la pena «coadministran» el sistema penitenciario, pues se han generado resoluciones en contra de medidas tomadas por el Ministerio de Justicia en centros penales. Aseguró que se pretende que la judicatura pueda vigilar el respeto a los derechos humanos, a partir de «criterios técnicos».
Ires y venires Este proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo en marzo de 2025, y es un copia al carbón del que el propio gobierno de Chaves había originalmente presentado dos años antes y que se tramitó bajo el expediente 23.688.
Ese proyecto fue retirado como parte del esfuerzo de las mesas tripartitas, en que personas funcionarias de alto nivel del Poder Ejecutivo (en este caso del Ministerio de Justicia), el Legislativo y el Judicial llevaron a cabo el trabajo de elaboración de proyectos de ley sobre seguridad y temas afines.
El resultado de ese trabajo fue el recién aprobado 24.019, pero respecto a su trámite es menester recordar que fue desconvocado del periodo de sesiones extraordinarias por Chaves y su entonces ministra de Planificación Laura Fernández, en noviembre de 2024.
No es de menor importancia que en ese momento y durante la conferencia de los miércoles, tan sólo un día después de la firma del decreto que desconvocó el proyecto, Chaves afirmó que la Asamblea Legislativa “echó a la basura el proyecto de ley para acabar con este escándalo y cientos, sino que miles más”, en medio de su descontento por una decisión de un juez de Ejecución de la Pena, contra unas medidas que habían sido impuestas en el Centro de Atención Institucional (CAI) Marcus Garvey, de Limón.
Fue Gobierno y no la Asamblea Legislativa quien “echó a la basura” proyecto de ley que regula ejecución de la pena
Es decir, de un día para otro la administración Chaves buscó arrojar el proyecto producto del trabajo de alto nivel de los tres poderes de la República y, como se dijo, posteriormente reencarnó su proyecto original con todo y serios errores que ya habían sido señalados desde su concepción inicial.
Gobierno copió, con todo y sus vicios, proyecto de Ley de Sistema Penitenciario Nacional que fue archivado en 2024
En diciembre el viceministro de Justicia Nils Ching acudió a esta Comisión y lo único que dejó claro fue la reticencia del Ejecutivo al proyecto 24.019. «Están coadministrando» Este jueves Campos en su intervención inicial dijo que la finalidad del proyecto 24.912 es “regular dentro del sistema penitenciario a toda la población adscrita. Hablemos de sentenciados, indiciados, apremiados, menores de edad y otros”.
De lo más relevante es la idea de “delimitar con mayor precisión cuál es la relación que tiene que haber entre el Poder Judicial y la Policía Penitenciaria, de manera tal que no entremos a conflictos más allá que lo que tengan que ver con asuntos de vulneración de derechos de las personas privadas de libertad”.
Ello mediante el establecimiento de una “rectoría técnica y administrativa del sistema delimitando el ámbito de actuación de los órganos judiciales en la ejecución de la pena”.
Informó que se establece un “consejo técnico penitenciario, cuyas valoraciones tienen que ser respetadas, tanto por el sistema penitenciario como por el Poder Judicial, regulamos toda la administración interna, todo lo que son traslados, ubicaciones o reubicaciones y le damos importancia relevante a aquellos acuerdos que cometa o emita el consejo técnico penitenciario”.
Fue la diputada independiente Gloria Navas quien se refirió al trabajo hecho en las mesas tripartitas y Campos admitió que “recuerdo, efectivamente lo retiramos”, refiriéndose a la primera encarnación del actual proyecto de ley (el expediente 23.688). Sin embargo, dijo que después de que se presentó el proyecto de Ejecución de la Pena “nosotros, como no quedamos muy convencidos, presentamos un nuevo proyecto del sistema penitenciario. Este es el segundo”, afirmó; aunque, como se dijo, es una copia al carbón del que el gobierno presentó desde un principio.
Ante preguntas de esa diputada, Campos dijo conocer, aunque no de primera mano, que los criterios expertos que han sido consultados por la Comisión han sido adversos a esta propuesta, “porque nosotros tenemos una posición muy clara en cuanto al papel que tiene que cumplir el juez de ejecución”, que según dijo debe ser de “garante del respeto de los derechos fundamentales”.
Entonces Navas preguntó “¿y cuál es el problema de ellos?”, refiriéndose a quienes han cuestionado la iniciativa del Ejecutivo, como jueces o letrados. “El problema de ellos -replicó Campos- es que en estos momentos ellos están coadministrando. Nosotros tenemos unidades que administran los centros…”. En ese momento Navas con evidente indignación le pidió que aclarara en qué sentido están “coadministrando” los jueces.
Campos se quejó de que “nos dan una orden de reubicación. Órdenes de que reciban educación por encima de otros que vienen en la lista. Órdenes de que seamos más complacientes para que reciban más seguido visitas”.
Luego anunció que espera publicar un “estudio” de jueces que asegura “están orientando” sus resoluciones a “los grupos de alta contención”. Cabe destacar que ha sido en los módulos de alta contención donde el actual gobierno ha implementado sus más feroces medidas, como restricciones a la visitas familiares, conyugales o acceso a la educación. Ese aspecto fue observado por la frenteamplista Priscilla Vindas.
Posteriormente la liberacionista Dinorah Barquero observó que en la actualidad ya el sistema penitenciario funciona a partir de criterios técnicos en cuanto a temas como traslado o liberación anticipada de personas, pero que también se pueden dar abusos y que por ello es importante el control de legalidad que ejerza un juez. “Es cierto que hay que dar contención, es cierto que Costa Rica está en una situación de crisis y que todos tenemos que trabajar en eso, pero una cosa es trabajar en la contención de crisis, y otra es caer en un régimen autoritario donde nos e respeten los derechos y sea una voluntad autocrática para lesionar los derechos delos demás”.
Gilberth Jiménez, independiente que preside esta Comisión, entregado en cuerpo y alma a la narrativa del Poder Ejecutivo preguntó si en el recién aprobado proyecto de Ejecución de la Pena se mantiene la “coadministración” que Campos sostiene llevan a cabo los jueces respecto al sistema penitenciario. El Ministro dijo “efectivamente”
Posteriormente Campos leyó una resolución de un tribunal del III Circuito Judicial de San José, en que se consideró que una jueza de ejecución de la pena “se extralimitó en sus competencias”. Aunque no aportó ningún dato específico sobre ese caso, ni siquiera cuál fue la decisión de la jueza, afirmó que “esto es lo que en este momento la normativa que existía y la que se aprobó van a seguir permitiendo. La pregunta es, si ya hay una línea clara de actuación donde los jueces de Ejecución saben que tienen que garantizar y están para garantizar los derechos, ¿por qué se meten en actividades que no son las del juez?”
Jiménez quiso conocer las diferencias entre el proyecto aprobado y esta propuesta del Ejecutivo. Campos dijo “que le decimos al juez que no puede meterse en la parte administrativa intramuros, que sí puede meterse verificando que no irrespetemos los derechos del privado de libertad, pero ya donde los ubiquemos, lo que les demos, en el tanto no les causemos un daño a sus derechos, esa una decisión de nosotros, que el juez no puede apartarse de un criterio técnico, salvo que cuente con otro criterio técnico”.
La independiente Navas cerró con que “el control de judicialidad es sumamente importante, es el principio de legalidad y las garantías constitucionales de las personas que están sometidas al proceso penal y que van a penas que tienen que descontar. Son principios básicos que tienen que se respetados, y en ese proyecto de ley penitenciaria no existen”.
Añadió que “todos tenemos que pelear por la paz en Costa Rica, es absolutamente necesario, pero el control de legalidad no puede renunciarse en una nación democrática”.
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