La presidenta electa, Laura Fernández, aseguró que el acuerdo migratorio con Estados Unidos, que permitiría la recepción en el país de hasta 1.300 personas migrantes deportadas por año, forma parte de una estrategia conjunta para traer “la paz en nuestro hemisferio” junto a “nuestro aliado confiable” norteamericano. “Nosotros tenemos una alianza. Nosotros somos socios de manera voluntaria con el Gobierno de los Estados Unidos”, afirmó la actual ministra de la Presidencia. Según explicó, esta cooperación responde a objetivos comunes. “¿Cuál es el objetivo común que tenemos los Estados Unidos y Costa Rica? El combate frontal al crimen organizado, a la delincuencia. Y cuando usted está en una alianza, se entiende que usted recibe y también da apoyo a su aliado”.
El acuerdo se produce en el marco de un acercamiento desde Zapote al republicano, Donald Trump. La campaña de los norteamericanos por asegurar su supremacía en el continente se vio impulsada por la firma del convenio militar «Escudo de las Américas». Posterior a la firma del acuerdo en Florida dos de los países, Ecuador y Costa Rica, rompieron relaciones diplomáticas con Cuba, nuevo objetivo de Trump luego de asegurar el control de Venezuela. Desde La Habana aseguraron que esta acción «exhibe un historial de subordinación a la política de los Estados Unidos contra Cuba».
Fernández justificó la colaboración señalando que Costa Rica ha recibido apoyo en seguridad. “Con nuestro socio confiable, el Gobierno de los Estados Unidos, recibimos cooperación para capacitar a nuestros policías (…) recibimos equipamiento para nuestros cuerpos policiales”. También mencionó patrullaje marítimo conjunto, escáneres para control fronterizo y el impulso de un centro de mando con tecnología e inteligencia artificial.
Ese patrullaje marítimo, el pasado 20 de marzo, derivó en la entrega de dos cadáveres y una persona con quemaduras graves por parte de autoridades estadounidenses a los guardacostas costarricenses. El Organismo de Investigación Judicial descartó que las lesiones del sobreviviente sean vinculables a un misil como los que autoridades estadounidenses han utilizado en operativos extrajudiciales recientes en costas del continente.
La mandataria electa también citó como ejemplo de la cooperación bilateral los operativos conjuntos con agencias estadounidenses que, según dijo, permitieron llevar a la justicia a Celso Gamboa. “Operativos conjuntos con la DEA y con el FBI que todos acabamos de ver permitieron llevar a la justicia a Celso Gamboa, porque aquí en el país estaría todavía caminando entre todos nosotros”.
Fernández sostuvo que el acuerdo permitiría el traslado temporal de personas en condición migratoria irregular y sin antecedentes penales. “Ninguna persona que llegue tendría antecedentes penales, juicios, nada. Son personas de núcleos familiares que simple y llanamente están en condición ilegal y que deben devolverse a su país de origen”.
Alegatos similares se dieron con el traslado de 200 personas deportadas en 2025. Estas personas fueron retenidas contra su voluntad en el Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM), situación confirmada por la Sala Constitucional, que determinó que “fueron privadas de su libertad de forma ilegítima” y la Defensoría de los Habitantes en un reciente comunicado aseguró que tomó alrededor de un año garantizar los derechos humanos de las personas deportadas.
En tono tranquilizador, Fernández aseguró que el país tendría margen de decisión sobre los grupos que eventualmente reciba. “Es un convenio de únicamente si se llega a necesitar. Adicionalmente, ellos lo comunicarían de previo y Costa Rica tendría toda la potestad de decirles estas personas no, de estas nacionalidades no”, afirmó, sin detallar las razones por las que el país podría discriminar personas de una nacionalidad específica.
La presidenta electa añadió que la permanencia sería temporal y que los costos serían cubiertos por el Gobierno estadounidense mediante la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Además, vinculó la alianza con operativos contra el narcotráfico. “Con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos tenemos un patrullaje marítimo que nos está permitiendo reducir la droga que llega al país”.
Fernández calificó el acuerdo como beneficioso para ambas partes y lo relacionó con la estrategia de seguridad. “Es una alianza ganar – ganar. Nosotros hemos estado en una lucha sin cuartel contra el crimen organizado y el narcotráfico (…) vamos a seguir trabajando en colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos”, concluyó.
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El ente señaló que Costa Rica tardó casi un año en corregir el abordaje aplicado a 200 migrantes deportados en 2025 y pidió a las autoridades detallar medidas de atención, permanencia y coordinación institucional antes de recibir nuevos grupos.
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Presidencia informó esta noche sobre nuevo convenio con Estados Unidos para aceptar en adelante hasta 25 nuevos deportados cada semana.
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