Sin que se crea que se plantea en un tono dramático, existe una institución que, por desconocimiento general, vive a la sombra de otras entidades gubernamentales, muy subvalorada en la importancia que tiene dentro de los procesos de toma de decisiones públicas.
No es una institución que deba aplicar decisiones de mero trámite o ser complementaria de las demás. Sus competencias extienden la influencia hacia lo estratégico del desarrollo nacional y, en forma encadenada, hacia el funcionamiento de todo el aparato del Estado.
Por su naturaleza, a diferencia de otras carteras, como el Ministerio de Justicia o Seguridad, Trabajo o Cultura esta institución puede condicionar la definición técnica de las prioridades, la asignación de recursos y la orientación de largo plazo del desarrollo del país. (Sobre el problema de la planificación en materia de educación puede ver artículos que publiqué el año 2025 en diferentes medios de comunicación).
Esta preeminencia, en sentido figurado -una institución por encima del resto- se sustenta en la legislación vigente, reformas clave de la última década y jurisprudencia constitucional que refuerzan su influencia transversal sobre las políticas públicas para, entre otras cosas, coordinar al resto de las instituciones, darles seguimiento y evaluar el cumplimiento de las metas, pero, particularmente, determinar qué es y qué no es prioridad de Gobierno.
Si usted ha llegado hasta este párrafo, entonces entenderá de que me refiero al Ministerio de Planificación Nacional y, no necesariamente, al Consejo de Gobierno, el propio mandatario y mucho menos a la Asamblea Legislativa.
El decreto Nº 44054 establece que la Presidenta -exministra de esta cartera- Laura Fernández, recibirá de la persona que designe a cargo de Mideplan, durante el mes de mayo, la metodología para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y su presentación final dentro de los siete meses siguientes. Pero a este tema poco seguimiento se le brinda a nivel de la opinión pública, siendo que debería ser más examinado.
Más que decantarme por hacer una explicación general de las funciones de Mideplan, las cuales claramente se encuentran detalladas en la respectiva normativa, su posición es central como órgano asesor principal de la Presidencia en calidad de rector del Sistema Nacional de Planificación, lo que le permite definir las prioridades y recursos de corto, mediano y largo plazo.
No obstante, a las competencias que tiene Mideplan, no se escapa a complicados procesos que viven muchas instituciones similares a nivel mundial, que deben lidiar como burocracia -que impone su propia agenda- propósitos desconectados de la realidad -buenas intenciones- duplicidad de actividad institucional o negativa a la evaluación de las metas. A la vez, y eso no tiene que ver con la actual administración, la sustitución de “rutas” en lugar de contar con planes estratégicos.
Como comenté antes, en los últimos años, diferentes leyes han ampliado significativamente las competencias de MIDEPLAN, como la Ley N° 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y Ley N° 10159 de Marco de Empleo Público, temas sobre los cuales existe una amplia discusión pública.
Desde mi punto de vista, teóricamente, la toma de decisiones y la planificación debe moverse entre la planificación técnica de las instituciones en el sector público y la planificación política, en el sentido de la importancia de negociar entre intereses contradictorios y la construcción de coaliciones.
Desde la óptica de Sabatier las políticas públicas se desarrollan mejor por medio de coaliciones o alianzas (ambos términos en su correcta interpretación) entre grupos más o menos “estableces” como grupos de presión, grupos de interés, sectores especializados de expertos, organizaciones no estatales, por citar algunos, sin que se niegue la existencia de otros actores “temporales” y menos estables. Algo parecido, pero no idéntico, sostiene Heller con respecto a la rotación del poder en relación al poder dentro del propio Estado.
Lo cierto es que Mideplan debe moverse alrededor de diferentes procesos políticos en lo que actúan uno o varios actores que buscan hacer valer sus ideas, distinción para lo cual los procesos depurados de formulación del PND tienen sus propios filtros, pasando de lo meramente coyuntural, a la planificación de mediano y largo plazo. En ese sentido, Sabatier explica que el modelo de planificación no es puro en lo técnico, sino también, el resultado de una disputa de pensamientos, a veces muy diferentes, entre coaliciones temporales o duraderas.
Y no tengo duda de que esas disputas estuvieron a la vista durante el proceso electoral y que caracterizan en cierta manera a la administración saliente.
Dos elementos para considerar: el primero es que, siendo la nueva Presidenta electa, a su vez exministra de Mideplan, es viable la continuidad del plan nacional de la administración saliente, en todo o en parte.
Pero también es posible que, por su paso en esa cartera, sea necesaria la reflexión sobre reorientaciones más profundas en el contexto del nuevo plan de desarrollo, no solo por la realidad presente, sino por los acuerdos que pudieron haberse generado con las coaliciones que hicieron posible que se mantuvieran en el poder cuatro años más y la ruptura con otras coaliciones que perdieron vigencia e importancia en función de la elección de febrero pasado.
Lo cierto es que, pensar en el PND, es mirar un tejido que absorbe a la persona que ocupará cada ministerio y a cada cargo que deba designar el Poder Ejecutivo. La planificación debería alinear tanto la parte legal, es decir, funciones legales, presupuestos, propuestas políticas impulsadas por la nueva administración y, en segundo plano, un operador institucional capaz de llevarlas a cabo.
En ese último punto, la presidenta electa nos dará información hacia finales del mes de abril, mientras, el PND ya está en proceso de gestación exista o no titular designado, pues la dependencia del plan está sujeta a la realidad que dicten las autoridades económicas, es decir, a la estabilidad y proyecciones de crecimiento de la economía nacional.
Sin que sea determinista, la realidad de la planificación no depende solo de las expectativas de la normativa de planificación, la técnica de planificación (planes estratégicos, por resultados etc.) sino que al tiempo por los desafíos fiscales y económicos, muchos sobre los cuales no se tiene control o forma de controlar, derivando en cierta incertidumbre que puede incidir en restricciones fiscales y, por ende presupuestaria, al tiempo la necesidad de ponderar el riesgo político de las fuerzas opuestas y las coaliciones, algunas más y otras menos cercanas a las nuevas autoridades. La entrada La planificación y el nuevo gobierno aparece primero en Semanario Universidad.
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