Representantes de la empresa KPMG, que en 2024 realizó una evaluación de idoneidad a los nombramientos en las junta directiva del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, guardaron silencio sobre el contenido de dicho informe.
Los personeros de la firma comparecieron este jueves 9 de abril ante la comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público, en el marco de la investigación que realiza dicho órgano sobre la toma de las juntas directivas de diversas entidades financieras por parte del Poder Ejecutivo.
En el caso del BPDC, el pasado 27 de julio de 2022, la presidencia de la República en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, emitieron el decreto ejecutivo 43638-MP-MTSS que invalidó los nombramientos de cuatro de los directores del banco designados por la Asamblea de Trabajadores.
En ese momento, el Ejecutivo estableció que “para no afectar” el funcionamiento de la entidad, el Consejo de Gobierno podría “nombrar en forma pro-tempore a las cuatro personas directoras representantes de los trabajadores”.
Aunque el decreto establecía que “nombramiento pro-tempore no podrá superar los ocho meses”, al día de hoy -pasados más de tres años de que se cumpliera ese plazo- el gobierno sigue sin aceptar los nombramientos realizados por la mencionada asamblea y por ende, sigue controlando la totalidad de la junta directiva.
Entre las personas que nombró el ejecutivo de forma “temporal”, hay al menos tres que de acuerdo con la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) no cumplen con los requisitos de idoneidad.
Aunque el informe emitido por KPMG fue declarado confidencial y no se ha dado a conocer, un oficio de la Sugef apuntó que en el mismo no se tomó en consideración los años de experiencia requeridos para determinar la idoneidad de los directivos.
Durante la audiencia, se le pidió a los representantes de la empresa aclarar si habían encontrado idóneos o no a los integrantes de la junta directiva del Popular.
Federico García, socio de la empresa, aclaró que el contrato que se había firmado con el Banco Popular para la evaluación de su junta directiva establecía cláusulas de confidencialidad que le impedían referirse al contenido del estudio.
Varias diputaciones pidieron a servicios técnicos de la Asamblea Legislativa aclarar los alcances de las cláusulas de confidencialidad, siendo que se trata de una entidad pública, pero la asesora de ese departamento confirmó que las personas de la empresa no podían revelar datos sensibles del contrato.
En su turno el liberacionista Francisco Nicolás le preguntó a García si ellos habían encontrado a todas las personas de la junta directiva idóneas para ocupar su cargo, pero el empresario le dijo que no podía responder por temas de confidencialidad.
Nicolás insistió que no se trataba de individualizar a cuáles personas habían considerado idóneas y a cuáles no, sino simplemente decir si todas habían sido idóneas o no, pero García insistió en su negativa.
La frenteamplista Sofía Guillén intervino para preguntarle al representante de KPMG porque no habían tomado en cuenta los años de experiencia para evaluar a las personas integrantes de la junta directiva y García no respondió, pero Guillén insistió citando el oficio de Sugef y entonces el empresario dijo que sí habían tomado en cuenta los años de experiencia.
La legisladora agregó que no entendía cómo se había encontrado idóneas a todas las personas de la junta directiva, como informa el documento de la superintendencia, empezando por el presidente del órgano que no tiene experiencia bancaria alguna.
Tras esas pocas preguntas en intervenciones, se agotó el tiempo que tenía disponible la comisión para sesionar. La entrada Firma que evaluó idoneidad de directivos del Banco Popular que no cumplen requisitos guarda silencio sobre el contenido del estudio aparece primero en Semanario Universidad.
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