Monserrat Buján es integrante de la junta directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) después de haber sido restituida en el puesto que el Gobierno decidió quitarle a ella y al resto de miembros por motivos que ameritan una investigación penal, según decidió este jueves por mayoría la comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público.
Tras la votación de la comisión, que reafirma una sentencia de octubre de la Sala Constitucional en defensa de los directivos destituidos en febrero de 2025, Buján resalta el respeto a la autonomía del Banco Nacional y el valor del “debido proceso”. “En primer lugar, el resguardo de la autonomía del Banco Nacional, como un principio constitucional que protege su capacidad de actuar con independencia en la toma de decisiones. En segundo lugar, la importancia del debido proceso y del respeto a las garantías básicas en cualquier actuación administrativa. En tercer lugar, la claridad en los límites y competencias de los distintos órganos del Estado, evitando interpretaciones que desdibujen esas fronteras”, respondió Buján a UNIVERSIDAD.
El informe aprobado este jueves pide que se investigue al vicepresidente y diputado electo del oficialismo, Stephan Brunner, por presuntos delitos de abuso de autoridad, usurpación de autoridad y prevaricato, al haber firmado la orden de remoción de la junta directiva. También se solicita investigar a Yara Jiménez, diputada electa del oficialismo y virtual presidenta de la Asamblea Legislativa para la legislatura 2026-2027, por supuesto tráfico de influencias, así como al vicepresidente electo Francisco Gamboa.
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El intento de destitución de la junta directiva del BNCR se dio bajo la justificación de que habían nombrado de manera irregular a la gerente del banco, Rosaysella Ulloa, aunque después esto lo descartó la Superintendencia General de Entidades Financieras.
La primera conclusión del informe censura la actuación de Brunner: “El procedimiento administrativo disciplinario 001-2025-OD y la resolución RES-PV-008-2025 dictada por el Primer Vicepresidente de la República, el señor Stephan Brunner Neibig, donde ordenó la separación del cargo a los miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional De Costa Rica vulneró los derechos constitucionales de los señores directivos, al violentar el debido proceso y significó un claro abuso y usurpación de autoridad, prevaricato y una ruptura del orden constitucional dispuesto por nuestra Constitución Política”.
Ante este señalamiento, Buján resaltó “la necesidad de que cualquier proceso de remoción se ajuste estrictamente a las causales y procedimientos definidos en la ley”, por lo cual las actuaciones que no calcen con ellos carecen de validez jurídica. “Mi reflexión, a la luz de todo lo vivido, es que se ha honrado el propósito esencial que guía el trabajo de esta Junta Directiva: resguardar la autonomía, la independencia y la institucionalidad del Banco Nacional”, dijo Buján sobre la institución estatal.
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