La Asamblea Legislativa le dio el segundo debate al proyecto 24.019 para dar reglas claras a la ejecución de las penas en Costa Rica, una reforma que el presidente Rodrigo Chavez calificó de “mamotreto” y amenazó con vetar.
Una mayoría de 36 diputados le dieron el segundo aval al proyecto, con lo que resultó aprobado. Solo votaron en contra 6 diputados: cinco de la fracción chavista, y Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN).
La iniciativa pasa al Poder Ejecutivo para ser firmada; empero, dadas las declaraciones del presidente Chaves y la votación de la bancada oficialista, podría recibir un veto que la dejaría en coma, dado que se requieren 38 votos para resellar el veto.
El proyecto pretende resolver un vacío de más de 50 años para normar la administración y ejecución de sentencias en el país, y resolver los conflictos entre los Tribunales y el Ministerio de Justicia y Paz en esta materia, que se han resuelto mediante circulares. “Cuando se cambiaba de ministro de Justicia, cambiaban las reglas. Con esta reforma se va a poder tener reglas claras”, afirmó la diputada Alejandra Larios, del PLN.
El proyecto impulsado desde el Poder Judicial, fue desarrollado en forma conjunta por representantes de los Tres Poderes, pero posteriormente el Gobierno se alejó de la iniciativa. La jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, insistió en que consideran el proyecto como un error, porque generará una coadministración del sistema penitenciario, entre el Ministerio de Justicia y los Tribunales. “Ya hay dos sentencias de tribunales que han dicho que los tribunales de ejecución de la pena no pueden arrogarse facultades de administración del sistema penitenciario”, insistió.
Empero, Priscila Vindas, del Frente Amplio (FA), consideró que el proyecto precisamente permite tener reglas claras para la ejecución de la pena. En una misma postura se declaró Jason Valverde, del PLN.
Sin embargo, diputados como Dinorah Barquero, del PLN, y el independiente Gilbert Jiménez, lamentaron que el proyecto podría nacer sin oxígeno, ante la sombra del veto esgrimida desde Zapote. Jiménez incluso resaltó que ante la contradicción entre el proyecto de ejecución de la pena y el proyecto para reformar el sistema penitenciario (24.912), todavía en la corriente legislativa y en dirección contraria, “es lamentable que se pierda un esfuerzo tan grande”.
En la sesión de esta tarde del Plenario, también se dio segundo debate al proyecto 24.566, una autorización para que el MOPT realizara una donación. Fue el limitado resultado de una jornada marcada por constantes rupturas de quórum, y apenas dos mociones de orden aprobadas para ordenar la agenda legislativa.
También se realizó la juramentación de una de las magistradas suplentes de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Elena Ulloa, por el presidente legislativo al inicio de la sesión del Plenario.
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