Diputados aprueban informe de minoría que establece responsabilidades políticas del Gobierno en la Caja

24 de marzo de 2026

La Asamblea Legislativa aprobó un informe de minoría de la comisión de investigación para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en el que se definieron responsabilidades políticas del Gobierno

La Asamblea Legislativa aprobó un informe de minoría de la comisión de investigación para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en el que se definieron responsabilidades políticas del Gobierno en esta institución, luego de desechar el reporte de mayoría que se había impuesto en la comisión.

Un grupo de 24 diputados, integrado por el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA), con el respaldo de dos diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Vanessa Castro y Horacio Alvarado, y los legisladores independientes Gloria Navas, María Marta Padilla y Cinthia Córdoba, se inclinó por el informe de minoría, por considerar que establecía responsabilidades.

En la acera contraria, una alianza del oficialismo con Nueva República y el grupo de independientes más afines al Ejecutivo (Gilbert Jiménez, Luis Diego Vargas, Leslye Bojorges) además de Carolina Delgado, del PLN, y en primera instancia Alvarado, del PUSC, impulsaron el informe de minoría, en el que se alegaba que los problemas de la CCSS eran históricos, y no se establecía responsabilidades, pero se quedaron en 19 votos.

Carlos Felipe García, del PUSC, votó en contra de los dos informes, mientras su compañero de bancada Horacio Alvarado votó positivamente en las dos ocasiones.

El informe 24.617 requirió 44 sesiones durante un año y cuatro meses, para culminar el pasado 24 de febrero con la presentación de dos informes: el reporte de mayoría fue presentado por el oficialista Daniel Vargas y recibió el apoyo de María Marta Carballo (PUSC), Olga Morera (NR) y Luis Diego Vargas (independiente). Se le criticó por no establecer responsabilidades políticas, eludir dar recomendaciones de fondo y tratar de diluir anomalías en situaciones históricas acumuladas y mandos medios. Específicamente, no estableció responsabilidades de ex presidenta ejecutiva Marta Esquivel, ni de su sustituta Mónica Taylor.

El informe de minoría fue elaborado por Andrea Álvarez, del PLN, y suscrito por Paulina Ramírez (PLN) y Rocío Alfaro, de FA. Establece responsabilidades por el caso Barrenador y presuntos sobreprecios en la contratación de EBAIS, y temas como listas de espera, la implementación del sistema ERP los problemas por falta de especialistas y el manejo de las inversiones. Acusa injerencia política y pote remitir el expediente a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.

Durante el debate, los temas centrales fueron la definición de responsabilidades, el manejo del caso Barrenador, la profundización de las listas de espera y el aumento de la deuda del Estado con la institución, que aumentó un 63% durante la administración de Rodrigo Chaves, al pasar de ₡2,7 billones a ₡4,4 billones.

En la defensa del informe de mayoría, tres de los diputados firmantes presentaron su defensa: Luis Diego Vargas alegó que se trató de una investigación rigurosa, que en el caso del informe Barrenador evidenció decisiones que se tomaron con base en informes técnicos deficientes. Morera alegó que la investigación demostró que los principales problemas reflejaron deficiencias en el manejo histórico de la institución, y Daniel Vargas, aseguró que la información indicó que las debilidades en el liderazgo institucional limitaron la capacidad de respuesta, e insistió en que el caso Barrenador no debió existir.

En la defensa del informe de minoría, Álvarez recalcó que aunque el caso Barrenador motivó el inicio de la indagación, también se incluyeron otros temas, como listas de espera y deuda del Estado, y criticó al informe de mayoría por no aportar conclusiones para actuar.  «Como diputaciones, debemos decidir si nos quedamos con denuncia, o buscamos otras herramientas, proponer soluciones como las que incluye nuestro informe», dijo.

Por su parte, Rocío Alfaro recalcó que la investigación demostró anomalías, como el uso de testaferros «para hacer un traje a la medida en el caso Barrenador», y también resaltó la injerencia del actual Gobierno en la gestión de la CCSS para debilitarla. «La principal diferencia entre informe de mayoría y de minoría, es que nuestro informe señala que CCSS no enfrenta crisis estructural de solvencia financiera, sino de gobernanza institucional, con intenciones políticas que la debilitan de forma sistemática», dijo.

Este cuestionamiento del informe de mayoría lo retomó Alfaro durante el debate reglado, en la participación del FA. «No hay un solo señalamiento de una forma de responsabilidad. No hay señalamiento de decisiones tomadas en Casa Presidencial. Se impidió que Presidente pudiera acudir a comisión, para no mencionar un solo nombre (en el informe de mayoría)», manifestó.

Por su parte, Gilberto Campos, diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), externó que los dos informes tenían algunos elementos comunes, pero recordó que para efectos de toda investigación «corresponde establecer la responsabilidad de los funcionarios».

Y los representantes del oficialismo, Ada Acuña y Daniel Vargas. insistieron en que los problemas detectados fueron situaciones históricas o internas, atribuibles a manejos internos de la CCSS cuestionables.   La entrada Diputados aprueban informe de minoría que establece responsabilidades políticas del Gobierno en la Caja aparece primero en Semanario Universidad.

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