El diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), instó este martes a la Comisión de Asuntos Hacendarios a revisar una moción que propone destinar el 10% de un préstamo de más de 134 millones de euros con el Banco Mundial y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) al pago de la deuda del Estado con la Caja Costarricense De Seguro Social (CCSS).
El proyecto de ley que contempla la aprobación o el rechazo de este crédito pertenece al expediente número 25.228, el cual detalla que el préstamo se utilizaría para financiar el “Programa para una Agricultura Sostenible y Competitiva en Costa Rica”. Este sería implementado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y tendría como objetivo “mejorar la sostenibilidad, competitividad y participación económica de pequeños y medianos productores agrícolas seleccionados en Costa Rica”.
Desde su propuesta, la iniciativa (del Poder Ejecutivo) ha recibido críticas de la oposición en esta comisión. Según informó UNIVERSIDAD, representantes como Joaquín Hernández y Sonia Rojas, del Partido Liberación Nacional (PLN), han cuestionado el ritmo acelerado al que se acumulan las obligaciones del país y la falta de intervención directa para proteger a los productores nacionales de las importaciones.
La moción al proyecto que Acuña propuso revisar (la número 4) plantea que el 90% de los recursos del préstamo se utilicen en el acuerdo de financiamiento del programa mencionado, mientras que el 10% del crédito se destine al pago de una parte de la deuda del Estado con la CCSS.
Esta moción ya había sido aprobada. Sin embargo, la siguiente (la número 5), que eliminaba la propuesta del 10%, también fue aceptada por la comisión, por lo que el frenteamplista consideró necesario revisar la número 4.
Luego de que el legislador explicara las razones de su accionar, Pilar Cisneros, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) trajo a la discusión el inciso 15 del artículo 121 de la Constitución Política. En este se encuentra que entre las atribuciones de la Asamblea Legislativa está “probar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionen con el crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo”.
Además, según el criterio de Servicios Técnicos y el informe de los contratos, se concluye que la Asamblea no puede variar el destino de los recursos.
El frenteamplista votó en contra de revisar la moción número 4 en esta sesión. Sin embargo, se reservó la opción de inspeccionar a fondo, considerar los criterios técnicos y evaluar si insistir en ese 10% en el futuro.
De acuerdo con el diputado, el proyecto en cuestión establece una serie de objetivos que no están necesariamente vinculados al uso de recursos. “Hay que aceptar que existe discusión”. “Con Ruta 1, es clarísimo: son $770 millones para esa obra. No es para que el Gobierno meta otros recursos y vea si hace falta algo. Pero hemos visto otros casos, como estos llamados ‘créditos verdes’, donde realmente el país ha cumplido con un conjunto de requisitos de previo que le permiten acceder a un fondo (no es que los recursos se vayan a utilizar para eso). Luego está este, que parece estar en medio de esa discusión”, concluyó.
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