Al tiempo que el gobierno de Rodrigo Chaves sin reparo compromete al país con las alianzas militares del régimen de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos anuncio que incluyó a Costa Rica en una lista de 60 países que investiga por no tomar medidas para prevenir la importación de bienes producidos bajo trabajo forzoso.
Específicamente se trata de la Oficina del Representante Comercial (USTR), que mediante un comunicado fechado este 12 de marzo detalló que las investigaciones “determinarán si actuaciones, políticas y prácticas de cada una de estas economías relacionadas con el fracaso en imponer y de manera efectiva ejercer una prohibición en la importación de bienes producidos por trabajo forzoso, son irracionales o discriminatorias y gravan o restringen el comercio de Estados Unidos”.
Dicho de otra forma, el propósito de la investigación es determinar si la falta de control de cada país sobre la importación de esos bienes incide de manera negativa en la colocación de exportaciones estadounidenses. Se apunta que se trata de “60 de los mayores socios comerciales” de ese país.
En el comunicado oficial Jamieson Greer, jerarca del USTR con rango de embajador, aduce que “a pesar del consenso internacional contra el trabajo forzoso, los gobiernos han fallado en imponer y hacer efectivo el cumplimiento de medidas que prohíban que los bienes producidos por trabajo forzoso ingresen a sus mercados”. “Por mucho tiempo trabajadores y empresas estadounidenses se han visto obligados a competir contra productores extranjeros que pueden tener una ventaja de costos artificial obtenida por el flagelo del trabajo forzado”, añadió.
El comunicado oficial especifica que se trata de la aplicación del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, pero no menciona cuáles serían las posibles sanciones. Al revisar esa legislación se encontró que establece que el USTR está autorizado a “suspender, eliminar o prevenir la aplicación de beneficios” producto de acuerdos comerciales. Además de “imponer impuestos u otras restricciones a las importaciones”, entre otras cosas.
La información divulgada además señala que tras el inicio de una investigación, el USTR “debe buscar consultas con las economías” investigadas y que de hecho ya “solicitó consultas con los gobiernos” de los 60 países.
Además el USTR realizará audiencias al respecto el 28 de abril.
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