La Contraloría General de la República (CGR) investiga la multimillonaria “contratación directa por excepción” para la compra de equipos Cisco que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) entregó al consorcio Datasys-ITS.
El ente contralor señaló que la contratación, disponible en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) bajo el expediente 2025XE-000703-0000400001, está en investigación tras haber recibido una denuncia que superó la fase de admisibilidad.
La licitación, adjudicada por $37,09 millones (unos ₡17.300 millones), está destinada a la adquisición de bienes y servicios para la actualización de la red de transporte, una infraestructura clave en las redes de telecomunicaciones que forma parte del trayecto por donde viajan, por ejemplo, mensajes, llamadas o datos desde un teléfono celular a otro.
Sobre el tema, este Semanario ha realizado una investigación periodística exclusiva en la que se reveló cómo, en el marco de un proyecto “confidencial”, la adquisición de la red de transporte del ICE pasó de estar planteada como una compra abierta (con participación de cualquier fabricante) a una “contratación directa por excepción” para la compra de equipos específicamente de marca Cisco.
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La institución tenía todo listo para publicar la contratación abierta, pero esto nunca sucedió y ahora se transformó en una licitación de ₡20.200 millones que solo permite que Cisco participe.
De acuerdo con la información publicada por UNIVERSIDAD, entre las justificaciones que se brindaron para optar por el contrato directo, estuvo un supuesto “ahorro de tiempo y recursos” que se lograría al reutilizar equipos que “aún cuentan con vida útil” de marca Cisco existentes en la red de transporte actual del ICE, la cual cuenta con un “alto nivel de obsolescencia en las diferentes capas”. Lo anterior consta en oficios como el SACI-284-2024 y el SACI-2061-24, citados en la publicación original de este medio.
Sin embargo, estudios de mercado y criterios financieros realizados por el ICE mostraron en su momento que comprar todos los equipos nuevos a marcas como Juniper, Nokia y Huawei era menos costoso que la opción de reúso de los componentes Cisco.
Además, este Semanario también reportó cómo, en medio del proceso y antes de que se publicara la licitación, funcionarios del ICE tuvieron reuniones “confidenciales” con representantes de Cisco, relacionadas justamente con la red de transporte.
Entre los encuentros, el 9 de julio de 2024 hubo una reunión en Casa Presidencial, con participación, entre otros, de Chaves; la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes; altos mandos del ICE; ejecutivos de Cisco; y una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos, Patricia Ann Vanderwall.
El tema de ese espacio fue “los plazos de contratación de la red de transporte”, según respuestas de Presidencia a este medio, aunque luego cambió la versión e indicó que se abordaron temas como “generación de talento, ciberseguridad, inclusión social e incrementar la inversión de la empresa en el país”.
Cisco no participa directamente en las licitaciones, sino que lo hace a través de sus socios locales, también llamados partners, como Datasys e ITS, quienes participaron juntos como consorcio y resultaron ser la única oferta en competencia. Al final, se les adjudicó sin haber competido contra ningún otro fabricante o propuesta, y tras haberse vistos obligados a realizar más de 110 subsanaciones en su oferta.
Ministerio Público también investiga En relación con este tema, el Ministerio Público confirmó la existencia de dos causas penales por el supuesto delito de influencia contra la hacienda pública, en las que se investiga a 23 personas, sin que haya todavía ningún imputado.
La entidad indicó que la Fiscalía General tramita el expediente 25-000149-0033-PE en contra del presidente Chaves, la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, y el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar.
Por su parte, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) gestiona la causa 25-000153-0033-PE, en la cual se investiga a las siguientes personas:
Mandos del ICE: Marco Acuña, presidente ejecutivo; Harold Cordero, gerente general; Leda Acevedo, gerente de Telecomunicaciones; y Óscar Romero, jefe de la División Gestión de Red y Mantenimiento.
Ejecutivos de Cisco: Luis Carlotti, gerente general para Centroamérica; Jeff Campbell, Chief Government Strategy Officer; Ariel Szternberg, gerente senior; y Mario De la Cruz, director de relaciones con gobierno.
Ministerio de Ciencia y Tecnología: Orlando Vega, viceministro de Ciencia y Tecnología; Hubert Vargas, viceministro de Telecomunicaciones; y la funcionaria Raquel Cantillo.
Consejo Directivo del ICE: Marlon Arguedas, Henry Guevara, Irene Víquez, Ileana Murillo, Kathya Villar. En la causa también se investiga a Luis Francisco Valverde Rímolo, sin embargo, esta persona falleció en diciembre de 2025.
Despacho Presidencial: los funcionarios Diana Salas, María Jesús Blanco y Alonso José Zeledón.
Embajada de Estados Unidos: la funcionaria Patricia Ann Vanderwall.
Todas las entidades citadas fueron consultadas por el tema, sin embargo, han optado por guardar silencio o han indicado que no darán declaraciones.
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Entre los investigados también figura una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos. Las causas, todavía sin imputados, se siguen por el supuesto delito de influencia contra la hacienda pública.
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