La empresa estadounidense Cisco no ha emitido ni un solo comentario oficial ni ha respondido las consultas que le fueron enviadas sobre la investigación que la Fiscalía realiza a varios de sus ejecutivos, en relación con la millonaria contratación de la red de transporte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
El pasado 4 de marzo, UNIVERSIDAD dio a conocer la existencia de dos causas penales en las que “se indagan temas relacionados con la red de transporte del ICE, en contratación con Cisco”, con una lista de 23 personas investigadas, entre ellas, el presidente Rodrigo Chaves, de acuerdo con información suministrada por el Ministerio Público.
Sobre el tema, este Semanario ha realizado una investigación periodística exclusiva en la que se reveló cómo, en el marco de un proyecto “confidencial”, la adquisición de la red de transporte del ICE pasó de estar planteada como una compra abierta (con participación de cualquier fabricante) a una “contratación directa por excepción” para la compra de equipos específicamente de marca Cisco.
Una red de transporte es una compleja infraestructura que distribuye (lleva y trae) información (voz, datos, video, etc.) entre los diferentes usuarios finales, según explicó el ingeniero Teodoro Willink, experto en Telecomunicaciones, en declaraciones previas brindadas a este medio. En términos simples, es parte del trayecto por donde viajan, por ejemplo, mensajes o llamadas desde un teléfono celular a otro.
Además, este medio también reportó cómo, en medio del proceso y antes de que se publicara la licitación, funcionarios del ICE tuvieron reuniones “confidenciales” con representantes de Cisco, relacionadas justamente con la red de transporte. El tema también estuvo dos veces en Casa Presidencial, donde Chaves y otros personeros se reunieron con representantes de esa empresa.
La contratación, estimada en ₡20.200 millones, está disponible en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), bajo el expediente 2025XE-000703-0000400001. En el concurso solo participó el consorcio Datasys-ITS (proveedor local de Cisco), que, tras varias correcciones y aclaraciones, presentó una propuesta de alrededor de ₡17.591 millones.
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Entre los investigados también figura una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos. Las causas, todavía sin imputados, se siguen por el supuesto delito de influencia contra la hacienda pública.
Las investigaciones El Ministerio Público confirmó la existencia de dos causas penales por el supuesto delito de influencia contra la hacienda pública, en las que se investiga a 23 personas, sin que haya todavía ningún imputado.
La entidad indicó que la Fiscalía General tramita el expediente 25-000149-0033-PE en contra del presidente Chaves, la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, y el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar.
Por su parte, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) gestiona la causa 25-000153-0033-PE, en la cual se investiga a las siguientes personas:
Mandos del ICE: Marco Acuña, presidente ejecutivo; Harold Cordero, gerente general; Leda Acevedo, gerente de Telecomunicaciones; y Óscar Romero, jefe de la División Gestión de Red y Mantenimiento.
Ejecutivos de Cisco: Luis Carlotti, gerente general para Centroamérica; Jeff Campbell, Chief Government Strategy Officer; Ariel Szternberg, gerente senior; y Mario De la Cruz, director de relaciones con gobierno.
Ministerio de Ciencia y Tecnología: Orlando Vega, viceministro de Ciencia y Tecnología; Hubert Vargas, viceministro de Telecomunicaciones; y la funcionaria Raquel Cantillo.
Consejo Directivo del ICE: Marlon Arguedas, Henry Guevara, Irene Víquez, Ileana Murillo, Kathya Villar. En la causa también se investiga a Luis Francisco Valverde Rímolo, sin embargo, esta persona falleció en diciembre de 2025.
Despacho Presidencial: los funcionarios Diana Salas, María Jesús Blanco y Alonso José Zeledón.
Embajada de Estados Unidos: la funcionaria Patricia Ann Vanderwall.
¿Qué dice cada uno?
UNIVERSIDAD envió consultas a Casa Presidencial, al ICE, a Cisco, al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones (Micitt), al Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y a la Embajada de Estados Unidos para obtener sus posiciones y las de los funcionarios citados sobre el tema, no obstante, a la fecha la mayoría de ellos no han contestado.
Comex indicó que no han recibido una “notificación formal” sobre el tema, por lo cual aguardarán hasta que llegue una “comunicación oficial”. “De presentarse alguna gestión por parte de las autoridades judiciales, estaremos plenamente atentos y dispuestos a atenderla conforme corresponde”, indicó el ministerio.
Por su parte, el Micitt dijo que no tenía información sobre el tema, además de que no emitirían declaraciones al respecto.
Pese a que este medio solicitó la posición de las partes citadas desde el pasado 2 de marzo, la empresa Cisco, el ICE y Casa Presidencial no se han referido a la situación. Tampoco lo ha hecho la embajada estadounidense, aunque esta señaló que enviaría las respuestas tan pronto como las tuviera listas.
En el caso de la empresa, su agencia de relaciones públicas dijo el 3 de marzo que tramitaría la consulta, no obstante, aunque se ha insistido sobre la gestión, no se ha logrado obtener los comentarios respectivos.
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Diputada se refirió al millonario contrato para la red de transporte por el que ahora la Fiscalía investiga a Chaves, ejecutivos de Cisco y altos mandos del ICE.
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El anuncio del gobierno sobre el presunto hackeo en el ICE a manos de un “actor con origen en China” cabe mencionar, se realizó una semana después de que UNIVERSIDAD dio a conocer que la fiscalía está investigando penalmente al presidente Rodrigo Chaves, la ministra Paula Bogantes, varios ejecutivos de Cisco, mandos del ICE y otras personas por el caso del millonario contrato de la red de transporte, cuyo monto está estimado en ₡20 mil millones.
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