El presidente Rodrigo Chaves anunció este miércoles que aplicará su poder de veto al proyecto sobre la ejecución de la pena que fue aprobado el 16 de febrero en la Asamblea Legislativa tras un dictamen afirmativo aprobado en comisión por Pilar Cisneros, referente del oficialismo hasta ahora.
El proyecto 24.019, calificado como “mamotreto” por el presidente Chaves, fue dictaminado como favorable el 3 de octubre de 2024 por Cisneros y el resto de miembros de la comisión legislativa de Seguridad y Narcotráfico, lo que permitió que el expediente pasara al plenario, donde es 16 de febrero fue aprobado en primer debate, pero sin el apoyo de la diputada oficialista ni sus compañeros de bancada.
Consultada Cisneros por el apoyo que dio a ese proyecto, confirmó que votó a favor en 2024. “Sí, pero luego hubo una serie de medidas tomadas por (el Ministerio de ) Justicia que fueron cuestionadas por un juez”, dijo este jueves en referencia a circunstancias al margen del texto tramitado. “Por ejemplo, devolver los televisores a los reos a sus celdas. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Alguien debe mandar en las cárceles y nosotros creemos que debe ser Justicia y no el Poder Judicial”, justificó Cisneros, quien aseguró que el texto sólo experimentó «ajustes mínimos» entre 2024 y ahora. “Durante casi cincuenta años, la regulación de la ejecución de penas se ha basado en reglamentos o directrices, pero la Sala Constitucional ha señalado que son insuficientes, ya que se requiere una ley que regule esta materia y es en este contexto que se subraya la necesidad urgente de un marco normativo que establezca la ejecución de la pena como una política de Estado, independiente de las autoridades de turno, que exponen su tratamiento a diversos vaivenes que no precisamente se amparan a la rigurosidad técnica legal o convencional que se requiere”, dice el dictamen firmado de manera unánime en octubre de 2024 por Cisneros y el resto de la Comisión.
El texto fue objeto de análisis por una subcomisión en la que también estuvo Pilar Cisneros Gallo, junto al diputado Gilbert Jiménez Siles (ex PLN) Horacio Alvarado Bogantes (PUSC).
El objetivo de fondo del proyecto es restar discreción de los jueces al momento de dictar la manera de cumplir las sentencias, según el plan presentado por el Poder Judicial en 2023, cuando aún había señales de trabajo conjunto entre los tres poderes del Estado. Después el Poder Ejecutivo le retiró apoyo y evitó convocarlo a la agenda legislativa, lo que provocó reclamos de diputados y del Judicial.
El documento añade que el proyecto de ley “propone un sistema normativo de base legal para regular la ejecución de penas, de modo que no quede a discreción de autoridades políticas sino que esté regido por principios y normas claras para asegurar el cumplimiento de las sanciones penales bajo un enfoque rehabilitador, garantizando que el proceso respete los derechos constitucionales y contribuya a la reintegración social de las personas condenadas y que también cumpla con fines para reducir la reincidencia y fortalecer la seguridad ciudadana”.
Esta consideración choca con el discurso de mano dura que ha enarbolado el oficialismo en la parte final del gobierno de Chaves, con frecuentes referencias al “modelo Bukele” y críticas a las posiciones garantistas del Poder Judicial.
El ministro de Justicia, Gerald Campos, criticó este miércoles que este proyecto de ley fue aprobado «para legalizar la alcahuetería que estamos viviendo al día de hoy, donde los jueces de ejecución van a seguir teniendo el control y liberando gente sin respetar el criterio técnico».
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