El gobierno de Rodrigo Chaves Robles firmó un convenio que hace posible la llegada de más migrantes de terceros países a quienes Estados Unidos decida deportar de su territorio, anunció la Presidencia en la noche de este lunes.
Costa Rica recibiría hasta 25 migrantes cada semana por un plazo que no quedó definido en el documento difundido por el Gobierno. También se advierte que la cifra podrá variar.
Estos se sumarían a los casi 200 que llegaron en 2025 desde Estados Unidos después de que Chaves dijera que “amor con amor de paga”, en referencia a complacer a Estados Unidos para que el gobierno de Donald Trump retribuya en otros aspectos, como los aranceles comerciales.
El convenio lo firmó por Estados Unidos la polémica exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien vino a San José designada como representante de la alianza Escudo de las Américas, la iniciativa regional que anunció Trump hace tres semanas con mensajes de corte militar para mejorar la seguridad en la región, dijo en la reunión celebrada en Miami a la que asistió Chaves con la presidenta electa, Laura Fernández. “El acuerdo es para que las personas que están en nuestro país ilegalmente tengan la oportunidad de regresar a sus países de origen”, dice Noem en un video enviado a la prensa.
Chaves quiso subrayar que Costa Rica podrá decidir quién entra y quién no. “Nosotros podríamos bajo este protocolo rechazo a quien sea, no aceptar nacionalidades específicas, pero colaborar dentro del marco de los derechos humanos “ dijo el presidente en ese mismo video, en el que reitera sus acostumbrados elogios a la relación de su gobierno con Estados Unidos.
El acuerdo indica que Estados Unidos podrá enviar a Costa Rica personas sin nacionalidad estadounidense, quienes recibirán “condición legal temporal mientras se define su situación”, dice el comunicado sin especificar plazos.
La Presidencia señala que el país mantiene su soberanía en la aplicación de este convenio y que respetará los derechos humanos, un aspecto que fue cuestionado en el manejo que se dio se los 200 migrantes recibidos en 2025, pues fueron enviados sin su consentimiento y quedaron retenidos sin condiciones adecuadas en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) Sur, mientras el entorno legal los hizo quedar en un limbo por meses, aspectos criticados por distintas instancias nacionales, como la Sala Constitucional e internacionales como Human Rights Watch en su Informe Mundial 2026.
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