El gerente financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Gustavo Picado, dijo este jueves a la Junta Directiva que actualmente se encuentran en la fase “final” para llevar a cobro judicial la deuda del Estado que acumula con la institución.
Esta acción responde a una orden de la Contraloría General de la República (CGR), la cual en diciembre del 2024 ordenó al gerente financiero actualizar e implementar el procedimiento para la gestión de las deudas del Estado y de no recuperar los recursos proceder al cobro judicial, “aplicable a todos los conceptos que la CCSS cobra al Estado”. “La Auditoría había por muchos años incentivado la idea de hacer reuniones técnicas y llegar a acuerdos, pero ya la Contraloría dio un giro”, añadió.
La confirmación sobre este proceso se dio mientras Picado justificaba ante la Junta Directiva el por qué la firma auditora Deloitte emitió una opinión con seis salvedades sobre los estados financieros del Seguro de Salud del 2024.
En esa línea, el gerente indicó a los directivos que la Gerencia Financiera no negó información a la firma; sin embargo, señaló que poseen limitaciones en cuanto a la disponibilidad de la misma.
Como una de las salvedades, Picado señaló que actualmente se tienen cuentas por cobrar al Estado y que no se tiene la confirmación de Hacienda sobre estos montos. “Obviamente Hacienda no registra lo que nosotros le cobramos y es una deuda que no se visibiliza en los estados financieros del Estado”, acotó el gerente.
Agregó también que la Gerencia considera que debe haber un acuerdo nacional para redefinir las obligaciones del Estado, con el fin de que exista una posibilidad sostenible de financiamiento.
Sobre la dimensión de la deuda del Estado con la CCSS, el gerente explicó que esta tiene un gran impacto sobre los estados financieros.
Al 2024, por ejemplo, el adeudo estatal representaba un 34,41% de los activos registrados de la institución; es decir, ₡2,7 billones.
Esta no es la única deuda que el Estado registra con la institución y que representa otra de las salvedades señaladas por Deloitte. A ello se suma el costo asociado al traslado del primer nivel de atención del Ministerio de Salud de Costa Rica a la CCSS.
En este caso existe una sentencia en firme y actualmente se encuentra en proceso de ejecución. La institución estima que la deuda vinculada a este traslado asciende a casi ₡6 billones; sin embargo, aún no existe una conciliación entre ambas partes sobre el monto final.
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