La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) decidió separar de su cargo al director del Hospital Monseñor Sanabria, Randall Álvarez, por un periodo de hasta dos meses, como parte de un proceso de investigación administrativa en curso.
La medida, confirmada por la CCSS, implica la salida temporal de la máxima autoridad del hospital y de parte de su equipo de gestión, en un movimiento que reconfigura la conducción administrativa del principal centro de salud de la provincia.
Además del director Álvarez, fueron separados de sus cargos la jefa de enfermería, Josefa Herrera; el director administrativo, Alexis Vargas; la jefa de recursos humanos, Eimy Lamas; y la jefatura de nutrición, Cindy Molina. La institución indicó que estas decisiones se enmarcan en un proceso de investigación en curso, sin detallar los hechos específicos bajo análisis.
En sustitución de Álvarez, la CCSS nombró de manera interina al médico David Fernando Díaz Chavarría, quien asumirá la dirección del hospital mientras se desarrollan las diligencias correspondientes. La institución no precisó el plazo exacto del recargo más allá del periodo de separación inicialmente establecido.
Álvarez, quien anteriormente se desempeñó como gerente médico de la CCSS entre 2021 y 2023, había retomado la dirección del hospital tras su salida de ese puesto. Su gestión en la Gerencia Médica estuvo marcada por cuestionamientos en su momento, aunque la institución aceptó su renuncia y formalizó su regreso a Puntarenas.
Según información pública y denuncias recientes, la decisión de la CCSS se encuentra dentro de una serie de situaciones preceden la destitución, entre ellas conflictos laborales, señalamientos sobre la gestión interna y cuestionamientos en la prestación de servicios.
El pasado 23 de marzo, funcionarios del servicio de enfermería del hospital realizaron un paro de labores para exigir mejoras en sus condiciones de trabajo. Entre los reclamos planteados por organizaciones sindicales figuraban la eliminación de plazas, la falta de personal, atrasos salariales y recargos de funciones. La administración del centro médico activó entonces planes de contingencia para mantener la atención a los pacientes.
Días antes, la médica cardióloga Jimena Araya había denunciado públicamente presuntas irregularidades en la atención de pacientes. Según expuso, personas en lista de espera para procedimientos como cateterismos eran desplazadas por pacientes provenientes de consultas privadas de algunos especialistas. “Veo pacientes que están esperando un cateterismo y pasan otros pacientes de la consulta privada de otros médicos y los pasan primero”, afirmó la doctora en un video difundido en redes sociales.
Araya también señaló supuestos casos de altas médicas otorgadas a pacientes en condición crítica y cuestionó prácticas relacionadas con la disponibilidad de médicos y el cumplimiento de jornadas laborales. Indicó, además, que estas denuncias habían sido presentadas ante distintas instancias institucionales desde hace más de dos años.
Tras estas afirmaciones, la Defensoría de los Habitantes sostuvo reuniones con autoridades del hospital para conocer detalles de los señalamientos. Por su parte, la CCSS informó que los casos fueron canalizados a instancias competentes, incluyendo la Subárea de Investigación de la Gerencia Administrativa y el Sistema Integrado de Procesos Administrativos (SIPA), donde algunos expedientes se mantienen en fase preliminar.
La institución también señaló que ha coordinado acciones con entidades externas como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), en relación con algunos de los casos bajo análisis.
En el plano interno, el hospital reportó la implementación de medidas desde 2025 para reforzar los controles, entre ellas cambios en la asignación de citas y validaciones adicionales en referencias de medicina mixta.
Mientras avanzan las investigaciones, la separación de la cúpula del hospital y el nombramiento interino marcan un punto de inflexión en la gestión del centro médico, en un contexto de presión institucional, laboral y social en la provincia de Puntarenas.
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