Un informe de la Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) señala que Cisco Systems —a través de sus socios locales o partners— y otras tres empresas concentran las “asociaciones empresariales” en la institución, una figura que facilita que se realicen contrataciones entre entidades públicas sin procesos ordinarios de licitación.
El estudio del órgano auditor es un servicio preventivo que abarca el uso de las asociaciones empresariales entre el ICE y empresas privadas, en el marco de contrataciones directas entre entes públicos.
Las contrataciones directas entre entes públicos son una excepción que permite a una institución pública contratar a otra sin necesidad de un proceso ordinario de licitación. En este tipo de contrataciones, la entidad pública contratada debe ejecutar al menos un 70% del objeto contractual con sus propios medios y recursos, de acuerdo con la Ley General de Contratación Pública (9986).
Para el porcentaje restante, la institución contratada puede acudir a terceros privados que le brinden los servicios, siempre que no se superen los límites de participación establecidos. Estas alianzas se realizan, en ocasiones, a través de las “asociaciones empresariales”, como es el caso del ICE sobre el cual la Auditoría Interna lanzó su advertencia ADV-04-2025.
El informe identificó que existen 26 asociaciones empresariales suscritas por la Gerencia de Telecomunicaciones desde 2012, de las cuales 14 siguen vigentes. Además, la instancia auditora encontró que la participación de las empresas privadas en los ingresos o beneficios oscila entre un 5,67% y un 73,43%, lo cual significa que en algunos casos se excederían los límites referidos. “Este comportamiento demuestra que los socios privados no se limitan a un rol no sustantivo, sino que participan de manera significativa en la ejecución o beneficio económico de las asociaciones. Debe recordarse que, bajo el régimen interadministrativo, el ICE es el ente público contratado y, por tanto, quien debe ejecutar de manera prevalente el objeto pactado”, dice el documento.
Cisco y otros tres concentran las asociaciones La advertencia de la Auditoría destaca que, además de lo señalado sobre el porcentaje de participación, también hay una “concentración significativa” de relaciones contractuales con un grupo reducido de socios privados, los cuales concentran alrededor del 60% de las asociaciones empresariales estudiadas.
Este grupo está compuesto por Cisco Systems —a través de sus socios locales o partners Datasys, GBM y PBS—; Corporación Font S.A.; Continex Continental Importación y Exportación; y Soin Soluciones Integrales S.A. “Esta reiteración de actores privados en distintas líneas de negocio constituye un elemento relevante para la valoración institucional del riesgo”, dice el informe.
Según el documento, las asociaciones empresariales se han utilizado como instrumentos comerciales para la prestación de servicios tecnológicos, de telecomunicaciones, soluciones de red, salud digital, sistemas ERP (Sistemas de planificación de recursos empresariales, por sus siglas en inglés) y gestión documental. Aunque no se detallan los costos específicos, sí se indica que “varias de estas relaciones contractuales presentan alta materialidad económica y operativa”.
Asimismo, se identificaron acuerdos recurrentes con entes públicos como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), el Registro Nacional, el Banco Popular y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
El informe señala que cuando un ente público utiliza la figura de asociación empresarial con una empresa privada para “ejecutar sustantivamente” un contrato entre entes públicos, se “desnaturaliza el carácter público de la relación y se vulneran los principios de licitación, transparencia, libre competencia y eficiencia”.
Esta situación, según la Auditoría, “expone a la institución contratante a un vicio de nulidad absoluta y a responsabilidades administrativas por transgresión del principio de juridicidad”. “Beneficios económicos improcedentes” La Auditoría enlistó una serie de “riesgos relevantes” que se desprenden de su análisis sobre el uso que ha hecho el ICE de la figura de asociaciones empresariales como parte de contrataciones directas entre entidades públicas.
En primer lugar, la instancia resaltó la existencia de riesgos a nivel jurídico y normativo, asociados con la interacción entre reglamentos internos y la Ley General de Contratación Pública, donde podría haber tensiones.
De igual forma, se identificaron riesgos operativos y financieros relacionados con la participación “sustantiva” de empresas privadas, la eventual “generación de beneficios económicos improcedentes” y la necesidad de contar con trazabilidad y controles posteriores adecuados.
Finalmente, el oficio advierte de riesgos estratégicos y reputacionales que podrían afectar la transparencia, la confianza pública, el valor público institucional y la coherencia con objetivos estratégicos del ICE.
Desde el 8 de enero de 2026, UNIVERSIDAD solicitó al ICE su posición sobre la advertencia de la Auditoría, no obstante, al cierre de este artículo no habían enviado ninguna respuesta.
Antecedente en Racsa Aunque el análisis de la Auditoría no incluye las asociaciones empresariales de Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) —subsidiaria de Grupo ICE—, sí se señala el antecedente ocurrido en esa entidad en mayo de 2025, cuando la Contraloría General de la República (CGR) encontró irregularidades en diez contratos bajo la figura de “excepción de contratación directa entre entes de derecho público”.
En aquel momento, UNIVERSIDAD reportó sobre el tema que, de acuerdo con los hallazgos del órgano contralor, Racsa contrató a empresas privadas para cumplir con “la concreción de las necesidades de las entidades públicas contratantes”.
Entre las instituciones que suscribieron este tipo de contratos con Racsa estaban el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), la Municipalidad de San José (MSJ), entre otros.
Tras determinar las irregularidades, la CGR ordenó a todas las instituciones contratantes no reconocer la utilidad (ganancia) a Racsa, así como recuperar los montos que se habían pagado por ese concepto, hasta la fecha de la resolución.
La entrada Auditoría Interna del ICE señala que Cisco y otros concentran “asociaciones empresariales” que facilitan contrataciones sin licitación ordinaria aparece primero en Semanario Universidad.
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