La Asamblea Legislativa aprobó este martes en segundo debate el proyecto de ley N.° 23.162, impulsado por el diputado Francisco Nicolás, con el objetivo de transformar las paradas de autobús, tren y taxi en espacios modernos, seguros y accesibles. La normativa declara estas infraestructuras como servicio público y establece mecanismos de financiamiento y gestión para su construcción, mejora y mantenimiento en todo el país. La aprobación unánime del expediente marca un cambio en la concepción de las paradas de transporte público, que dejarán de ser únicamente puntos de espera para convertirse en centros de interconexión modernos. La ley obliga al Estado a garantizar condiciones óptimas de seguridad, comodidad y accesibilidad para las personas usuarias.
Entre los principales alcances, se establece la declaratoria de servicio público, lo que implica responsabilidad directa de las instituciones ante la ausencia o deterioro de estas infraestructuras. Además, se incorpora el principio de accesibilidad universal, exigiendo el cumplimiento de la Ley 7600 para asegurar igualdad de condiciones a personas con discapacidad.
La normativa también introduce componentes tecnológicos, como la posibilidad de alianzas público-privadas para ofrecer internet gratuito y mejorar la conectividad en las paradas. Asimismo, se plantea la incorporación de información en tiempo real sobre rutas, horarios y mapas.
En materia de financiamiento, el proyecto garantiza recursos durante los próximos cinco años. Se contempla un aporte anual de 1.000 millones de colones provenientes del Consejo de Seguridad Vial para las municipalidades, destinado a la construcción de casetas en rutas cantonales, así como una inversión equivalente para rutas nacionales. Además, los gobiernos locales podrán utilizar hasta el 50% de su superávit en estas mejoras.
La ley también permite que empresas privadas participen en la construcción y mantenimiento de las paradas a cambio del uso de espacios publicitarios por un periodo de hasta diez años, bajo estándares técnicos definidos para asegurar la calidad de las obras.
En cuanto a las competencias institucionales, se asignan responsabilidades específicas para evitar vacíos en la gestión. Las municipalidades estarán a cargo de las rutas cantonales y paradas de taxi; el Consejo de Transporte Público y el Consejo de Seguridad Vial atenderán la red nacional; el Instituto Costarricense de Ferrocarriles administrará las estaciones de tren; y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes asumirá la rectoría del sistema intermodal.
La Contraloría General de la República será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de los planes de ejecución y el uso de los recursos, con potestad para aplicar sanciones en caso de irregularidades.
Según indicó el diputado proponente, la aprobación de esta ley busca mejorar las condiciones de espera de miles de personas usuarias del transporte público, garantizando espacios dignos y seguros en todo el territorio nacional.
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