Ante el acuerdo migratorio con Estados Unidos firmado por el Gobierno de Rodrigo Chaves el pasado 23 de marzo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) realizó hoy una alerta, para pedir que no se repitan las violaciones a los derechos humanos que se presentaron hace aproximadamente un año.
El presidente Chaves firmó con Kristi Noem, enviada especial del Escudo de las Américas, de Estados Unidos, un acuerdo de cooperación migratoria, de carácter no vinculante, mediante el cual permite a Washington el traslado a Costa Rica de 25 migrantes por semana, de terceros países, cifra que podría «ajustarse».
Como consecuencia de este anuncio, el MNPT. ente adscrito a la Defensoría de los Habitantes, recordó que el año pasado, en febrero, Costa Rica recibió cerca de 200 personas deportadas desde Estados Unidos, en el marco de un proceso denominado “retorno voluntario asistido”, proceso en el cual se presentaron situaciones preocupantes.
Posteriormente, la Sala Constitucional determinó en la sentencia 2025-19485 que las condiciones de ingreso y estancia en este proceso violentaron derechos fundamentales. Ante este antecedente y el anuncio del nuevo acuerdo migratorio con las autoridades norteamericanas, el MNPT exige que no se repitan estas violaciones, y que cualquier forma de cooperación migratoria se rija estrictamente por estándares internacionales para la protección de los derechos humanos, priorizando la dignidad humana y evitando la criminalización de los migrantes.
Por esta coyuntura, el MNPT también recordó las principales alertas que se generaron en el proceso evaluado el año pasado:
Privación de libertad encubierta: las personas permanecieron en condiciones que, en la práctica o de facto, constituyeron una privación de libertad, sin posibilidad real de salida voluntaria. Esta situación contradijo la narrativa oficial de voluntariedad
Riesgo de tratos crueles y vulneraciones previas: se identificó que algunas personas pudieron haber sido sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes antes de su llegada al país. A esto se sumó la retención de documentos de identidad, generando incertidumbre jurídica y afectando derechos básicos.
Impacto psicosocial y afectación a poblaciones vulnerables: las condiciones de traslado, la falta de información clara, la incertidumbre sobre su futuro migratorio y la ausencia de comunicación efectiva en su idioma provocaron altos niveles de ansiedad, temor e inseguridad, con especial impacto en personas menores de edad.
Falta de garantías y debido proceso: no se aseguró en todos los casos el acceso efectivo a información en idioma comprensible, asistencia legal ni mecanismos claros para solicitar refugio. Estas omisiones comprometieron el debido proceso y el principio de no devolución, exponiendo a las personas a posibles riesgos en terceros países y a desprotección internacional.
Riesgo de responsabilidad internacional: aceptar deportaciones en estas condiciones, sin evaluación individualizada ni garantías de proporcionalidad y legalidad, pudo constituir una detención administrativa arbitraria y convertir a Costa Rica en parte de una cadena de internacional de vulneraciones de derechos humanos, lo cual afectaría su soberanía y tradición de fomento de Derechos Humanos.
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