Aún no se ha realizado el análisis de dispositivos electrónicos del caso UPAD

7 de marzo de 2026

A paso muy lento se mueve el caso de la denominada Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), creada durante la administración de Carlos Alvarado. La apertura del expediente del caso se dio ante

A paso muy lento se mueve el caso de la denominada Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), creada durante la administración de Carlos Alvarado.

La apertura del expediente del caso se dio ante la “compilación y análisis de datos personales” de la ciudadanía “sin que mediara regulación alguna que avalara su funcionamiento”.

Ese expediente data de 2020 y tras una consulta realizada, la oficina de prensa del Ministerio Público (MP) informó que de acuerdo con la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), “la causa 20-005434-0042-PE se encuentra a la espera de que se realice la apertura de dispositivos electrónicos”.

Desde las primeras semanas de la investigación trascendió el decomiso de dispositivos, como los del entonces presidente Carlos Alvarado.

Se indicó que “el despacho había solicitado con anterioridad este examen, sin embargo, no ha podido realizarse, en virtud de que la defensa técnica de los imputados interpuso una serie de impugnaciones”.

Sin embargo, en setiembre del año pasado el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública “rechazó las gestiones, por lo que ahora se está a la espera de que se programen los análisis por parte de la Sección Especializada contra el Cibercrimen del OIJ, en conjunto con un juez de garantías”.

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También se consultó a la Fiscalía sobre los casos Diamante y Cochinilla, relacionados con el supuesto pago de dádivas por parte de ciertas empresas constructoras para ganar contratos de obra pública en municipalidades y el Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi), respectivamente.

Respecto al caso conocido como Diamante, la FAPTA “informó que se encuentra en investigación, en la etapa de recolección y análisis de prueba”. Sobre este caso, el Poder Judicial emitió en estos días una actualización.

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En cuanto al caso Cochinilla, desde la FAPTA se informó que  ya presentó cuatro acusaciones, por medio de los testimonios de piezas (expedientes paralelos al principal) 23-000029-1218-PE, 24-000130-1218-PE y 24-000450-1218-PE. «Esos requerimientos conclusivos fueron remitidos al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, entre el 2023 y el 2025», se detalló.

El caso del último expediente, se especificó que recién el 2 y 3 de marzo se llevó a cabo la audiencia preliminar, «en la cual, por primera vez en el país, se realizó la aplicación de una medida alterna a una persona jurídica acusada», pero por tratarse de un proceso privado, «no es posible entrar en detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal».

En cuanto a los otros procesos acusados por la FAPTA, «le corresponde al Juzgado realizar las audiencias preliminares», programadas para junio próximo y marzo de 2027.

La causa principal en el caso es la tramitada bajo expediente 19-000025-1218-PE, de la cual se derivaron los testimonios de pieza citados y que se mantiene activa en la Fiscalía, «a la espera de que el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública resuelva los recursos de apelación, interpuestos por la defensa técnica de los imputados, desde el 2021, en relación con los temas de crimen organizado e intervención de comunicación».

La FAPTA además está a la espera de que el Juzgado Penal lleve a cabo la apertura digital de los dispositivos que fueron decomisados durante los operativos. «Esta diligencia es indispensable para que el Ministerio Público pueda presentar el acto conclusivo que resuelva por completo el expediente». Se destacó que esa diligencia «depende únicamente del Juzgado Penal, por mandato expreso del Tribunal Penal de Hacienda, mediante una resolución del 17 de diciembre del 2021».

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