La propuesta del diputado electo y exministro de Hacienda, Nogui Acosta, de que los allanamientos deberían hacerse sin una orden judicial, con tal de combatir el crimen, no solo podría afectar la propiedad privada, sino también los derechos de la ciudadanía en el ámbito digital.
Así lo consideran dos abogados especialistas en materia digital consultados por UNIVERSIDAD, quienes advierten también de riesgos como persecución política o que se introduzcan pruebas falsas durante los allanamientos sin juez. “Nuestras vidas pasan por lo que está contenido en estos dispositivos, en los teléfonos y, sin duda, sin el control jurisdiccional del acceso a esa información se estaría abriendo la puerta para que todo lo que se encuentre en el dispositivo pueda ser utilizado contra esa persona”, señaló el abogado Juan Durango, experto en derecho digital.
El experto explicó que, sin la participación de un juez como garante, esto implicaría que cualquier dispositivo que se encuentre en la propiedad “podría ser investigado sin mayores controles”, vulnerando no solo el derecho a la propiedad, sino el de la intimidad y secreto de las comunicaciones.
En un procedimiento con juez, como se hace en la actualidad, el abogado anotó que los investigadores solo pueden acceder en los dispositivos a la información relacionada con el delito que se está investigando, y no a todo lo que esté almacenado. “Cuando quitamos ese garante judicial del medio, estamos abriendo la puerta a que, toda esa información pueda ser recolectada, analizada y posteriormente, por qué no, utilizada para otros propósitos que desconocemos como personas investigadas”, agregó Durango.
Por su parte, el abogado Juan Manuel Campos, presidente de Ciber Regulación, destacó que la privacidad es uno de los elementos más valiosos del ser humano y que, aunque la propuesta citada “aparenta ser buena”, en realidad “es terriblemente mala”.
Campos calificó como “una aberración” la posibilidad de una intervención judicial sin la participación de un juez: “Estaríamos prácticamente en presencia de gobiernos autocráticos que no les importan las libertades y simplemente buscan una prueba”, apuntó.
El experto resaltó que las personas tienen información altamente sensible, por lo que debe imponerse el resguardo y protección de la misma, pues de lo contrario, inclusive el uso inadecuado de esos datos podría abrir la puerta a otro tipo de delitos como extorsiones y otros que atenten contra la privacidad.
Persecución política Los expertos también señalaron el riesgo de que los allanamientos sin orden de un juez puedan ser la antesala de un escenario de persecución política, donde la información sensible de las personas estaría en peligro.
En este sentido, Campos recordó que, en el pasado, ha habido casos donde las mismas autoridades han tenido problemas por el acceso a información privada. “Ahora, en el poder político, en un gobierno que eventualmente no respete las garantías individuales, estaríamos sujetos a intimidaciones, a una serie de vulnerabilidades que de repente disminuirían los derechos fundamentales de la gente”, agregó el abogado.
En la misma línea, Durango manifestó que la propuesta lo que haría es quitar los límites a las autoridades investigadoras “para que, a partir de ese momento, cualquier acción sea investigada”. “Ya sabemos cómo es el sistema penal y cómo es el mundo político, que a veces solo por propósitos políticos utilizan el derecho penal para crear investigaciones en contra del opositor o del oficialismo. Entonces sí, se vuelve muy riesgoso restringir este tipo de garantías”, añadió el especialista.
Ambos expertos coincidieron en que parte del peligro, por ejemplo, podría recaer en los periodistas: “Ya ni siquiera le preguntarían quiénes son las fuentes. No sería necesario. Estamos verdaderamente en una situación crítica que lejos de darnos ventaja hay que mirarla con mucho cuidado”, manifestó Campos.
Durango relató que es “muy fácil” denunciar un delito, desde temas como una difamación hasta casos mucho más graves como tenencia de pornografía infantil: “Eso es muy fácil. No necesito pruebas, nada más necesito ir a poner la denuncia. Y ya con eso puedo prácticamente desgraciarle la vida un buen tiempo hasta que usted logre demostrar que es inocente”, indicó.
Con esos ejemplos, el abogado expone que “poner al sistema penal en contra de alguien es relativamente fácil y no cuesta nada”, por lo cual, quitar las garantías que tienen las personas actualmente podría causar un daño mayor para quienes sean investigados sin el debido proceso, pese a que puedan ser inocentes. “Y también, ¿por qué no decirlo? Sin ese garante del proceso que es la autoridad judicial, podría alterarse la escena, incorporar dispositivos que no son de la persona, teléfonos celulares, etcétera”, añadió.
LEA TAMBIÉN Costa Rica debería obligar a las grandes tecnológicas a limitar el uso de redes sociales en menores, señalan expertos
Especialistas señalan que una prohibición total más bien podría generar efectos colaterales y apuntan a que la clave es garantizar entornos digitales seguros.
La entrada ¿Allanamientos sin orden judicial? Expertos advierten que vida digital de las personas estaría en riesgo aparece primero en Semanario Universidad.
Comentarios